El Gobierno dominicano dio el primer paso para saldar las deudas acumuladas con contratistas de obras públicas, tras aprobar el protocolo que regirá la aplicación de la Ley 16-26.
La normativa, promulgada para reconocer y pagar trabajos ejecutados con o sin contrato formal, establece un marco de revisión y evaluación de expedientes bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.
La comisión responsable, integrada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, definió las reglas operativas que permitirán iniciar el proceso de pago.
El protocolo aprobado fija procedimientos técnicos y requisitos claros para garantizar seguridad jurídica en cada expediente. Además, se dará prioridad a los casos que ya estaban en revisión en la Contraloría General al momento de entrar en vigor la ley.
La medida impactará a contratistas vinculados a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Educación, Inapa, Indrhi, Caasd y la desaparecida OISOE, entre otras.
La comisión aseguró que trabajará de manera coordinada con los órganos de control y los veedores sociales, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública y cumplir con las obligaciones pendientes.
Con este paso, el Estado busca cerrar un capítulo de reclamaciones históricas y avanzar hacia un esquema más ordenado y transparente en la gestión de sus compromisos financieros.