Por segunda ocasión, fue aplazada la audiencia para conocer medidas de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional imputados por la muerte de cinco civiles durante un presunto operativo en una plaza del sector La Barranquita. Sin embargo, esta vez la jueza Yerixa Cabral fue enfática: no habrá más prórrogas.
La magistrada de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago fijó la nueva cita para el próximo martes 14 de octubre a las 9:00 a.m., advirtiendo que es la última oportunidad para que las defensas completen la documentación sobre los arraigos familiares de los imputados.
“Es un derecho que la jueza les concedió por última vez, porque ya los imputados tienen más de una semana”, señaló el abogado Félix Amauri Olivier, representante legal de una de las víctimas.
“El Ministerio Público estaba listo, nosotros como querellantes también, pero se aplazó a solicitud de algunos abogados que no habían conseguido los presupuestos”, añadió.
Las víctimas y los acusados
Los fallecidos en el operativo fueron identificados como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.
El Ministerio Público imputa a los 11 agentes por asociación de malhechores y homicidio voluntario, y ha solicitado que el caso sea declarado complejo, para ampliar el alcance de las investigaciones.
Entre los encartados se encuentran:
- Mayor: Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco
- Capitán: José Ignacio Gómez Rodríguez
- Segundo teniente: Domingo de los Santos Vargas
- Sargento mayor: Sócrates Fidel Féliz Féliz
- Sargento: Hairo Mateo Morillo
- Cabos: Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad
- Rasos: Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña
El abogado Esteban Pérez, quien representa a los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, informó que las víctimas han presentado formalmente sus querellas con constitución en actor civil. Sin embargo, las defensas pidieron tiempo adicional para conocer los expedientes y reunir la documentación de respaldo. “La jueza fue clara: este será el último aplazamiento”, advirtió Pérez.
Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan justicia, y la sociedad sigue con atención el desarrollo de uno de los casos más graves vinculados a la actuación de agentes policiales en los últimos años.