Una dominicana de 43 años fue acusada por las autoridades federales de Estados Unidos de presuntamente encabezar una red que organizaba matrimonios simulados entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes, con el propósito de facilitar la obtención fraudulenta de beneficios migratorios.
La mujer, identificada como Jennifer González, residente en Fall River, Massachusetts, habría cobrado entre 38,000 y 40,000 dólares por cada enlace, según los documentos judiciales divulgados el miércoles por la Fiscalía federal de ese estado. La investigación sostiene que la operación funcionó durante más de diez años y organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos anualmente.
De acuerdo con los investigadores, González presuntamente contactaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con sus clientes a cambio de dinero. La red también habría instruido a los participantes para simular una relación matrimonial auténtica mediante fotografías juntos, cuentas bancarias compartidas y pólizas de seguro de vida, elementos que luego servirían para respaldar las solicitudes ante las autoridades migratorias.
La acusación señala que otras cinco personas participaban en el esquema: Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill. Según la Fiscalía, cuatro de ellas habrían contraído uno o más matrimonios simulados con los clientes, mientras Pugh presuntamente desempeñaba funciones administrativas en la organización. Cinco de los acusados fueron arrestados el miércoles, mientras Hill ya cumplía una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Los investigadores también alegan que González utilizó parte de las ganancias para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana. Asimismo, la acusan de recibir más de 120,000 dólares en beneficios de asistencia alimentaria en Massachusetts mientras presuntamente ocultaba información sobre su situación económica.
Los seis imputados enfrentan cargos relacionados con fraude matrimonial, conspiración y alojamiento de extranjeros en situación migratoria irregular. Dependiendo del delito, las sanciones previstas pueden incluir penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares por cargo.