OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ PARA 7 SEGUNDOS MULTIMEDIA.- En 1975, durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, un decreto declaró de utilidad pública más de cinco millones de metros cuadrados de terrenos pertenecientes al doctor Luis Eduardo Aybar Jiménez, ubicados en el área del Parque Nacional del Este.
Han transcurrido 51 años. Diferentes gobiernos, distintos partidos políticos y tres generaciones de una familia que todavía espera que el Estado dominicano honre sus compromisos.
El doctor Luis Eduardo Aybar Jiménez no fue un ciudadano cualquiera. Fue un prominente médico dominicano que dedicó su vida al ejercicio de la medicina y al servicio de su país. Su nombre permanece vinculado a la historia de nuestra salud pública, al punto de que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar lleva orgullosamente su nombre.
Además de su legado profesional y humano, dejó a sus descendientes un patrimonio legítimo, acompañado de los derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege. Derechos que sus sucesores han tenido que defender durante más de medio siglo.
A mis 75 años, formado académicamente en negocios, abogado y con una maestría en Derecho, me resulta difícil comprender cómo una reclamación que ha agotado las instancias judiciales y obtenido sentencias definitivas favorables continúa sin solución.
No escribo contra el gobierno actual. Sería injusto responsabilizar exclusivamente a una administración de una situación que ha atravesado gobiernos reformistas, perredeístas, peledeístas y ahora perremeístas. Esta es una reflexión sobre la continuidad del Estado, porque las obligaciones públicas no desaparecen cuando cambia el partido de gobierno.
Nuestra familia acudió a los tribunales, contrató representación jurídica especializada y cumplió los procedimientos establecidos. Sin embargo, nuestro expediente terminó afectado por investigaciones judiciales relacionadas con uno de los abogados contratados, circunstancias que entendemos completamente ajenas a los derechos legítimos de nuestra sucesión.
Personalmente he comparecido ante tribunales y ante el Ministerio Público, respondiendo preguntas y entregando toda la documentación solicitada. No buscamos privilegios. Solamente aspiramos a que se respeten los derechos reconocidos por la justicia.
Pero lo verdaderamente doloroso es el paso del tiempo.
La primera generación partió esperando. La segunda, a la cual pertenezco, ha envejecido reclamando. Y la tercera comienza a heredar no solamente los derechos de sus antepasados, sino también la responsabilidad de continuar defendiéndolos.
¿Cuántas generaciones necesita una familia para que se cumpla una sentencia definitiva?
En ocasiones he comentado, entre la ironía y la resignación, que si tuviera el correo electrónico de papá Dios, le copiaría nuestro expediente para ver si finalmente encontramos una respuesta.
Pero detrás de esa expresión hay una preocupación mucho más profunda: ¿de qué sirve que nuestro Congreso promulgue nuevas leyes si no somos capaces de cumplir las existentes y respetar las decisiones de nuestros tribunales?
La seguridad jurídica es indispensable para el desarrollo de cualquier nación. No puede haber plena confianza en las instituciones cuando los ciudadanos deben dedicar décadas a procurar la ejecución de derechos judicialmente reconocidos.
Y no somos los únicos. Otras familias dominicanas también mantienen reclamaciones históricas pendientes frente al Estado.
Por eso, mi llamado a las autoridades competentes es respetuoso y constructivo: revisitemos estos expedientes, procuremos soluciones y evitemos que nuevas generaciones hereden conflictos que debieron resolverse hace décadas.
A mis 75 años, ya no veo este asunto exclusivamente como una reclamación patrimonial. Lo veo como una cuestión de principios, de respeto al derecho de propiedad y de confianza en nuestras instituciones.
El doctor Luis Eduardo Aybar Jiménez dejó a su país un legado de servicio y a sus descendientes un patrimonio legítimo. Lo menos que podemos aspirar es que ambos sean respetados.
No pedimos favores. Pedimos que el derecho prevalezca.
Y ojalá que, después de 51 años, podamos finalmente cerrar este capítulo con la tranquilidad de haber cumplido nuestro deber con quienes nos precedieron y con quienes vendrán después.
Porque la justicia que tarda generaciones en materializarse termina convirtiendo una herencia en una espera interminable.