Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol) identificó diversas irregularidades en los procesos administrativos, financieros, de compras y transparencia correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El informe, fechado el 1 de septiembre de 2026, establece que durante esos cinco años el hospital tuvo una asignación presupuestaria acumulada de RD$4,198.2 millones, de los cuales fueron devengados RD$4,127.4 millones, mientras que RD$70.8 millones quedaron sin ejecutar.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la planificación de las compras. De acuerdo con la fiscalización, los planes anuales contemplaban contrataciones por RD$381.3 millones, pero la ejecución alcanzó RD$1,058.9 millones, una diferencia de RD$677.6 millones.
A esto se suman compras fraccionadas por RD$21.8 millones, relacionadas con combustibles, vehículos, remozamientos, reactivos médicos, pruebas antidoping, insumos y otros servicios.
Ante estas observaciones, el hospital argumentó que algunas de las diferencias respondieron a necesidades operativas, como un mayor consumo de combustible para las calderas y plantas de emergencia, el aumento de pacientes atendidos mediante contratos con aseguradoras y una mayor demanda de reactivos médicos. Sin embargo, la Contraloría mantuvo el señalamiento al considerar que esas explicaciones no modificaban las condiciones detectadas.
La auditoría también encontró debilidades en los controles financieros. Entre 2024 y 2025 no se realizaron conciliaciones bancarias de una cuenta correspondiente al fondo reponible institucional, que cerró 2025 con un balance de RD$360,580. Aunque la institución posteriormente corrigió esta situación, el hallazgo fue registrado durante la fiscalización.
Además, el Hosgedopol reportó ingresos extrapresupuestarios por RD$3,663.3 millones durante el período auditado, provenientes de servicios prestados y otras fuentes propias.
En materia de transparencia, la Contraloría determinó que los ingresos correspondientes a 2020 y 2021 no estaban publicados en el portal institucional. El hospital explicó que durante esos años no contaba con una Oficina de Acceso a la Información, la cual fue creada en marzo de 2022.
La revisión también encontró deficiencias en el control de los bienes del hospital. Al cierre de 2025, los activos fijos ascendían a RD$328.4 millones, pero la institución no disponía de un inventario físico conciliado al inicio de la nueva gestión ni de actas de entrega y recepción que formalizaran el traspaso de los bienes.
Asimismo, se detectaron diferencias entre los vehículos registrados en el Sistema de Administración de Bienes y los datos de la Dirección General de Impuestos Internos. En la muestra examinada, 20 activos no contaban con código de Bienes Nacionales y otros siete carecían de codificación institucional.
Otro de los señalamientos corresponde a una diferencia de RD$121.5 millones entre las adiciones registradas en el sistema de bienes y la ejecución presupuestaria relacionada con bienes muebles, inmuebles e intangibles durante el período auditado.
La Contraloría también puso bajo observación la documentación del personal. El hospital tenía 1,246 empleados al 31 de diciembre de 2025, con una nómina de RD$56.2 millones, mientras que en una muestra de 50 expedientes fueron encontradas distintas documentaciones faltantes.
Entre las deficiencias señaladas figuran la ausencia de contratos o nombramientos, certificados médicos, pruebas psicométricas, hojas de vida, evaluaciones de desempeño y otros documentos requeridos para completar los expedientes laborales.
En cuanto al combustible, la auditoría detectó que en marzo de 2024 y julio de 2025 se realizaron asignaciones que superaban el límite establecido por la Ley 105-13, con un monto anual observado de RD$1.7 millones. El hospital informó posteriormente que ajustó las asignaciones al porcentaje permitido, por lo que este punto fue considerado subsanado.
El informe también registra otras inconsistencias, entre ellas saldos contrarios por RD$723,857 en el reporte de antigüedad de cuentas por pagar. La institución atribuyó la situación a errores humanos en el sistema y señaló que fueron corregidos.
La Contraloría aclaró que los montos señalados en la auditoría no representan necesariamente pérdidas ni desvíos de recursos, sino observaciones derivadas de la revisión de los procesos y registros de la institución. Algunos de los hallazgos fueron corregidos posteriormente, mientras que otros quedaron pendientes de seguimiento.
Tras la auditoría, la Contraloría indicó que el Hosgedopol debía presentar un plan de acción para atender las observaciones que permanecieran abiertas y fortalecer sus mecanismos de control interno.
