El Tribunal Constitucional (TC) ordenó el pago de RD$1,470,000 en multas contra cuatro instituciones del Estado, tras determinar que no cumplieron oportunamente con decisiones judiciales que habían reconocido derechos a dos ciudadanos.
Las sanciones están contenidas en las sentencias TC/0844/26 y TC/0851/26, publicadas por el Tribunal Constitucional el pasado 31 de agosto. Los casos involucran a la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y el Ministerio de Hacienda.
Policía deberá pagar RD$520,000 por retrasar entrega de documentos
En el primero de los casos, el TC acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Isidro Díaz Rosario y condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000.
El proceso tiene como antecedente la sentencia TC/1104/24, emitida el 30 de diciembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Constitucional había ordenado a la institución policial entregar al ciudadano documentación relacionada con una investigación seguida en su contra por una presunta deserción, además de información sobre el estado del proceso.
Para garantizar que la orden fuera ejecutada, el TC había establecido una astreinte de RD$2,000 por cada día de retraso.
La decisión fue notificada a la Policía Nacional el 6 de junio de 2025. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido posteriormente por el tribunal, la institución no había cumplido con la entrega de la documentación requerida.
Díaz Rosario solicitó la liquidación de la astreinte el 20 de febrero de 2026. Al evaluar el caso, el TC contabilizó 260 días de incumplimiento, lo que produjo la suma de RD$520,000.
La alta corte también estableció que la liquidación de esos RD$520,000 no pone fin a la sanción, por lo que el monto puede continuar aumentando mientras la Policía Nacional no ejecute completamente la sentencia.
En su decisión, el Tribunal Constitucional cuestionó la conducta asumida por la institución y consideró que la falta de cumplimiento afecta principios relacionados con la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
INABIMA, Pensiones y Hacienda deberán pagar RD$950,000
El segundo expediente corresponde a la ciudadana Yolanda del Carmen Solís de Rosario, quien solicitó la liquidación de una astreinte debido al incumplimiento de una sentencia relacionada con la restitución de su pensión.
En este caso, mediante la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional condenó solidariamente al INABIMA, la DGJP y el Ministerio de Hacienda al pago de RD$950,000.
El conflicto se originó a partir de una decisión anterior, la TC/1463/25, emitida el 22 de diciembre de 2025. En ella, el TC ordenó al INABIMA transferir a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones las cotizaciones correspondientes a los años trabajados por Solís de Rosario en el Ministerio de Educación y coordinar las acciones necesarias para la reactivación de su pensión.
A la DGJP y al Ministerio de Hacienda les correspondía ejecutar la reactivación y gestionar el pago retroactivo de los valores adeudados desde el 17 de agosto de 2021. La pensión había sido otorgada originalmente mediante el Decreto 364-92, de diciembre de 1992.
Para cumplir con la decisión, el Tribunal Constitucional concedió a las tres instituciones un plazo de 30 días calendario y estableció una astreinte solidaria de RD$10,000 por cada día de retraso.
Las entidades fueron notificadas el 27 de enero de 2026, por lo que el período otorgado para ejecutar la sentencia venció el 26 de febrero.
No obstante, el tribunal determinó que al concluir ese plazo no existía constancia de que las instituciones hubieran ejecutado lo ordenado.
Posteriormente fueron contabilizados 95 días de incumplimiento, desde el 26 de febrero hasta el 1 de junio de 2026. Al multiplicar esos días por la penalidad de RD$10,000 diarios, la suma alcanzó los RD$950,000.
Al igual que en el caso de la Policía Nacional, el TC precisó que la cantidad liquidada puede seguir aumentando si persiste el incumplimiento, ya que la astreinte continuará generándose hasta que la decisión sea ejecutada de manera efectiva.
TC recuerda carácter obligatorio de sus decisiones
Los dos fallos vuelven a poner el foco sobre el cumplimiento de las sentencias constitucionales por parte de las instituciones públicas.
En total, cuatro entidades estatales deberán responder económicamente por retrasos en la ejecución de decisiones judiciales, aunque los casos corresponden a reclamaciones y obligaciones diferentes.
El Tribunal Constitucional reiteró que sus decisiones deben ser acatadas por los poderes y órganos públicos y que el incumplimiento de sus mandatos puede afectar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las sentencias TC/0844/26 y TC/0851/26 fueron publicadas oficialmente por el Tribunal Constitucional el 31 de agosto de 2026 y los documentos correspondientes tienen fecha del 1 de septiembre.