OPINIÓN, MANUEL CARRASCO, PARA 7 SEGUNDOS.- La conmemoración del Día de los Ayuntamientos, celebrada el pasado 24 de abril, debería ser una oportunidad para reafirmar el compromiso con la institucionalidad municipal, la transparencia y el respeto a las normas. Sin embargo, los hechos recientes ocurridos en distintos municipios del país obligan a una reflexión más profunda sobre el verdadero rol que están desempeñando tanto los regidores como los alcaldes en la gestión local.
Los ayuntamientos no son espacios de improvisación ni escenarios para imponer voluntades individuales. Son órganos colegiados donde debe primar el respeto a la ley, a los reglamentos internos y a la voluntad colectiva, especialmente dentro de las organizaciones políticas que los sustentan. No obstante, lo que se evidenció en varios municipios dista mucho de ese ideal.
En algunos casos, regidores pertenecientes a un mismo partido decidieron fraccionar sus votos, desconociendo acuerdos internos previamente establecidos. Estas decisiones, lejos de responder a criterios institucionales, parecen estar motivadas por intereses particulares o coyunturales. Este tipo de conducta no solo vulnera los estatutos partidarios, sino que también debilita la coherencia política y la confianza ciudadana.
El caso de Santo Domingo Oeste es un ejemplo claro de estas contradicciones. Aunque el partido oficial presentó una plancha consensuada, algunos de sus propios regidores optaron por pactar con la oposición para imponer una alternativa distinta. Si bien el resultado final mantuvo a miembros del mismo partido en la presidencia y vicepresidencia del concejo, la forma en que se logró deja serias dudas sobre el respeto a la disciplina partidaria y los procesos internos.
En contraste, en Los Alcarrizos se observó un manejo más estratégico y consensuado. Allí, la plancha presentada fue aprobada de manera unánime, incluso con el respaldo de la oposición. Este escenario evidencia que, cuando hay articulación política y liderazgo efectivo, es posible alcanzar acuerdos amplios que fortalezcan la gobernabilidad municipal.
Sin embargo, los episodios más preocupantes se vivieron en San Francisco de Macorís y San Cristóbal. En el primero, el proceso de elección estuvo marcado por el desorden y la falta de control, llegando incluso a situaciones que rozaron el conflicto físico. La aparición de una boleta adicional en circunstancias irregulares pone en evidencia debilidades graves en los procedimientos y en la garantía de transparencia.
Por otro lado, en San Cristóbal se observó una práctica aún más delicada: la intervención directa del alcalde en la presentación de una plancha, una atribución que, conforme a la Ley 176-07, corresponde exclusivamente a los regidores. Este tipo de acciones refleja una preocupante distorsión del rol del alcalde, quien en lugar de actuar como facilitador institucional, asume una postura de control que vulnera la autonomía del concejo de regidores.
Este fenómeno pone de manifiesto un problema estructural: el “endiosamiento” de algunos alcaldes, que se perciben como figuras absolutas dentro de los gobiernos locales, relegando a los regidores a un papel secundario o meramente decorativo. Esta visión no solo es errónea, sino peligrosa para la democracia municipal.
Los regidores no son subordinados del alcalde; son representantes electos con funciones de fiscalización, legislación y control. Su rol es fundamental para garantizar el equilibrio de poder y evitar abusos dentro de la administración local.
En este contexto, la celebración del Día de los Ayuntamientos debe servir como un llamado a la reflexión. Es urgente fortalecer la institucionalidad, respetar los marcos legales y promover una cultura política basada en la transparencia, el respeto mutuo y la responsabilidad pública.
La democracia municipal no puede sostenerse sobre acuerdos ocultos, imposiciones ni improvisaciones. Requiere compromiso, madurez política y, sobre todo, respeto por las reglas del juego.
Solo así podremos construir ayuntamientos verdaderamente al servicio de la gente.