La comunidad internacional ha reaccionado con indignación tras la ejecución pública en Irán de Saleh Mohammadi, un joven luchador de 19 años considerado una promesa deportiva, junto a otros dos manifestantes detenidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de enero.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que Mohammadi fue sometido a torturas para forzar una confesión bajo el cargo de “declarar la guerra a Dios”, uno de los delitos más severos del código penal iraní. Señalan además que el proceso judicial fue acelerado y carente de garantías básicas.
Medios estatales iraníes aseguran que Mohammadi, junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, fue acusado de asesinar a dos policías durante las manifestaciones. Pese a los pedidos de clemencia de Estados Unidos, los tres fueron condenados y ejecutados en la horca.
Activistas como Nima Far calificaron la ejecución como un “asesinato político” y denunciaron que el régimen utiliza a los atletas como blanco para intimidar a la sociedad. Far pidió sanciones en el ámbito deportivo internacional y la exclusión de Irán de todas las competiciones mientras persistan las represalias contra manifestantes y deportistas.
De acuerdo con Iran Human Rights (IHRNGO), las ejecuciones se han incrementado tras las protestas de enero. La organización estima más de 3,400 muertes confirmadas, aunque fuentes independientes sugieren que la cifra real podría superar las 30,000 personas.