En “El Comentario de 7 SEGUNDOS”, la locutora Yirenni Pérez y Jabes Ramírez se pronunciaron sobre la decisión emitida este martes por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dictó no ha lugar a favor del joven Jean Andrés Pumarol, implicado en la muerte de una mujer y herir a cinco personas en el Ensanche Naco el pasado mes de julio del 2025. Según se informó, la decisión se basó en que el joven se encontraba bajo un «cuadro psicótico» al momento de cometer el hecho.
El caso ha generado reacciones debido a que la medida implica que el imputado no enfrentará juicio penal por su condición de salud mental. Este hecho ha reavivado el debate sobre cómo el sistema judicial maneja situaciones en las que los acusados presentan trastornos psiquiátricos.
Yirenni Pérez cuestionó la situación de muchas familias dominicanas que enfrentan enfermedades mentales sin recursos, al señalar que la familia Pumarol cuenta con los medios para atender el caso. Sin embargo, se preguntó qué ocurre con los demás dominicanos que no tienen las mismas posibilidades económicas.
«Pero, ¿y los miles y miles de dominicanos que no cuentan con un presupuesto para hacer de frente a un diagnóstico de esquizofrenia? ¿Qué hacen estas familias?”, indicó.
Tanto Pérez como Ramírez compararon este caso con el de Ana Josefa García, quien permanece en prisión desde el pasado año 2024 tras ser acusada de decapitar a su hija de seis años, pese a que, según, fuentes oficiales, también presenta una condición de salud mental. Ambos cuestionaron la diferencia en el tratamiento judicial de casos con características similares y pidieron mayor claridad en la aplicación de la ley.
Por su parte, Jabes Ramírez indicó que, aunque está de acuerdo con la sentencia en términos legales, considera necesario abrir un debate sobre los límites del uso de diagnósticos de salud mental en procesos judiciales. Advirtió que la situación podría generar controversias futuras y planteó la necesidad de establecer criterios más claros para evitar interpretaciones que puedan afectar la confianza en el sistema de justicia.