Este miércoles, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) alertó sobre un vacío regulatorio que afecta la aplicación del régimen especial de compras públicas destinado a favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
La organización explicó que, tras la entrada en vigor de la Ley 47-25 y su reglamento de aplicación (Decreto 52-26), quedó derogado el Decreto 31-22, que identificaba las instituciones públicas obligadas a priorizar adquisiciones a MIPYMES y productores nacionales en programas sociales.
Aunque el régimen especial continúa vigente, el artículo 226 del nuevo reglamento establece que las entidades sujetas a su aplicación deben ser definidas mediante un decreto específico, el cual aún no ha sido emitido.
Para CODOPYME, esta indefinición genera un vacío operativo que limita la participación de las MIPYMES en procesos de contratación vinculados a programas de alimentación, asistencia social e insumos esenciales.
“El país ha avanzado en construir un marco legal que reconoce el rol estratégico de las MIPYMES. Ahora es fundamental asegurar que ese marco funcione plenamente en la práctica”, señaló Fernando Pinales, presidente de CODOPYME, quien insistió en que la seguridad jurídica es clave para planificar, invertir y sostener empleos.
La entidad empresarial pidió la pronta emisión del decreto pendiente para garantizar la coherencia normativa, evitar interpretaciones discrecionales y reafirmar el compromiso del Estado con el fortalecimiento del aparato productivo nacional.