El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante una intervención pública en la que defendió su estrategia de seguridad. Sus declaraciones surgen en medio de críticas de organismos internacionales y entidades defensoras de derechos fundamentales. El mandatario sostuvo que reconoce que todas las personas, incluidos los criminales, poseen derechos humanos. Sin embargo, cuestionó que a su juicio la atención internacional se concentre principalmente en los detenidos. Señaló que, históricamente, las víctimas de la violencia no recibieron la misma defensa.
Durante su exposición, Bukele describió crímenes atribuidos a pandillas, como asesinatos, violaciones y ataques con explosivos contra civiles. Mencionó casos de víctimas que sufrieron mutilaciones o perdieron familiares por no pagar extorsiones. Según dijo, estas situaciones afectaron durante años a miles de salvadoreños trabajadores. Afirmó que esas personas también tienen derechos humanos que, en su opinión, fueron ignorados. Planteó que el Estado debe priorizar la protección de la población honrada.
Asimismo, Bukele, criticó a organizaciones que denuncian condiciones carcelarias, preguntando si muestran la misma preocupación por las víctimas de los delitos. Cuestionó que se señale la alimentación o el trato a reclusos cuando, según expresó, muchas familias pobres viven con mayores carencias. También hizo referencia al uso de recursos públicos para sostener el sistema penitenciario. En ese contexto, defendió que su administración ha optado por un enfoque firme contra estructuras criminales. Reiteró que el objetivo es evitar que se repitan los niveles de violencia del pasado.
También señaló que el país cuenta con distintos tipos de centros penitenciarios y no solo con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado el de mayor seguridad. Explicó que en otras cárceles existen programas de trabajo y capacitación para internos que no han cometido delitos graves. Aseguró que muchos privados de libertad participan en labores comunitarias como reparación de escuelas y limpieza de espacios públicos. Indicó que una parte significativa de la población reclusa podría recuperar su libertad en los próximos años. Según su postura, estos programas buscan la reinserción social.
El mandatario sostuvo que su gobierno sí respeta los derechos humanos, pero bajo un orden de prioridades centrado en la ciudadanía que no delinque. Consideró que quienes cometieron múltiples homicidios o crímenes violentos representan un riesgo difícil de revertir. Por ello, defendió medidas de máxima seguridad para ese grupo de reos. Las declaraciones se suman al debate regional sobre el equilibrio entre seguridad pública y garantías fundamentales. Organismos internacionales han pedido vigilancia, mientras el gobierno salvadoreño mantiene su política de mano dura.