OPINIÓN, ANDRÉS A AYBAR BÁEZ, PARA 7 SEGUNDOS.- Desde la crisis bancaria del año 2003, la República Dominicana adoptó una serie de decisiones orientadas a estabilizar el sistema financiero, democratizar el acceso al crédito y reactivar una economía severamente afectada. Muchas de esas medidas respondieron a una coyuntura específica y fueron, en su momento, necesarias y efectivas.
Entre ellas destacó la expansión del crédito al consumo, particularmente el financiamiento vehicular. Esta política generó resultados inmediatos y positivos:
•Incrementó las recaudaciones aduanales,
•Diversificó el riesgo del crédito bancario,
•Se respaldó en pólizas de seguro,
•Y dinamizó el consumo interno en una etapa crítica.
La medida funcionó. Y funcionó bien… en ese contexto.
El desafío surgió cuando una política diseñada para una etapa transitoria se convirtió, con el paso del tiempo, en un rasgo estructural del modelo de crecimiento.
Hoy, sus efectos colaterales son cada vez más evidentes. El colapso del tránsito urbano, la pérdida de productividad, el aumento del consumo financiado y la débil correlación entre crédito y generación de valor productivo son señales claras de una distorsión acumulada.
Un ejemplo ayuda a ilustrarlo:
Un vehículo con un precio de US$150,000 representa, al tipo de cambio actual, alrededor de RD$9.6 millones. Más allá de la capacidad individual de adquirirlo, la pregunta relevante es otra: ¿cuántos empleos productivos genera ese gasto en comparación con una inversión equivalente en industria, agro, tecnología o servicios exportables?
Desde una perspectiva económica, el vehículo constituye un gasto esencialmente improductivo. No multiplica empleo de forma significativa, no genera divisas y no amplía la capacidad productiva del país. Consume crédito, espacio urbano y tiempo.
La paradoja es evidente:
•El financiamiento productivo de largo plazo suele enfrentar exigencias complejas y procesos prolongados.
•El crédito para consumo, en especial el vehicular, puede aprobarse con notable rapidez.
Este sesgo no es casual. Existen incentivos claros —particularmente en el sector importador— que se benefician de este esquema. Sin embargo, corresponde al Estado, al sistema financiero y a la dirigencia económica evaluar sus consecuencias de largo plazo.
A ello se suma un fenómeno adicional: el espejismo del progreso. La presencia masiva de vehículos de alto valor ha pasado a interpretarse como un indicador de bienestar, cuando en realidad refleja un consumo financiado que no necesariamente se traduce en desarrollo sostenible.
Paralelamente, una porción relevante de esos recursos termina esterilizada en instrumentos del Banco Central, generando rendimientos financieros, pero sin un impacto proporcional en la expansión productiva de la economía real.
La República Dominicana posee un potencial considerable de crecimiento y transformación. No obstante, bajo los actuales patrones de asignación del crédito, el país corre el riesgo de mantenerse en tasas de crecimiento moderadas, sin alcanzar el salto cualitativo que exige su desarrollo.
Revisar este modelo no implica señalar culpables ni atacar sectores específicos. Es, más bien, un ejercicio de madurez institucional.
Las sociedades que progresan son aquellas capaces de reconocer que ciertas políticas, eficaces en el pasado, pueden generar distorsiones en el presente. Ajustarlas tiene costos, pero no hacerlo tiene consecuencias mayores.
El problema no es nuevo.
Pero cada día que se posterga su discusión, se profundiza.
El debate no es ideológico.
Es estructural, económico y profundamente nacional.