SANTO DOMINGO.- La defensa del exministro Gonzalo Castillo, implicado en el caso Calamar, acusó este jueves al Ministerio Público de proteger a los verdaderos responsables de las irregularidades mientras persigue penalmente al exfuncionario.
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas señalaron ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el expediente fue “construido” a partir de acuerdos con individuos que admitieron su culpabilidad y que, según la defensa, fueron los organizadores de la supuesta trama ilícita.
Entre los señalados se encuentran Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, así como Carlos Báez Batista, exgerente bancario vinculado a retiros millonarios en efectivo, quien ahora actúa como testigo protegido de la fiscalía. La defensa sostiene que estas personas clave fueron excluidas de la acusación formal mediante criterios de oportunidad, pese a reconocer su participación directa.
Los abogados consideran que esta estrategia “vicia el proceso desde su origen” y refuerza su solicitud de nulidad de la acusación, argumentando que existe protección deliberada hacia quienes ejecutaron las operaciones ilícitas. Según ellos, el objetivo del Ministerio Público no es garantizar justicia integral, sino obtener testimonios interesados para sostener el caso contra Castillo.
En el sistema procesal dominicano, un criterio de oportunidad permite al Ministerio Público prescindir de la acción penal contra un imputado que coopere con la investigación. La defensa cuestiona que esta figura haya sido aplicada a los presuntos “autores intelectuales” de las operaciones.
El caso Calamar continúa generando debate sobre la legalidad de las decisiones procesales y la imparcialidad de la investigación contra el exfuncionario.