El gobierno de Perú desató una fuerte controversia tras la publicación de un decreto que encuadra oficialmente la identidad transgénero como una condición de salud mental con fines administrativos y médicos. La medida provocó una reacción inmediata de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, que alertaron sobre un posible aumento de la estigmatización y un retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales.
Activistas y especialistas advirtieron que catalogar una identidad como patología no es una acción neutral, ya que impacta directamente en la forma en que la sociedad y las instituciones tratan a las personas trans. Señalan que este tipo de clasificaciones pueden fomentar prácticas de control, corrección o exclusión, en lugar de promover políticas basadas en el respeto, la inclusión y la comprensión.
Desde el ámbito psicológico y social, expertos subrayaron que los diagnósticos vinculados a la salud mental suelen ir acompañados de juicios morales y sociales, más allá de criterios clínicos. Estos marcos, explican, influyen en quién es reconocido plenamente por el Estado, quién recibe empatía institucional y quién queda marginado bajo etiquetas que refuerzan la discriminación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos enfatizaron que la decisión va más allá de lo administrativo, al afectar directamente la dignidad, la identidad y la autonomía personal. Para estos grupos, el debate plantea una cuestión de fondo: si las personas deben justificar su existencia ante el Estado o someter su identidad a diagnósticos oficiales.