Lima, Perú. – El presidente de Perú, José Jerí, declaró este martes estado de emergencia en Lima y Callao por un período inicial de 30 días, como respuesta a la creciente crisis de violencia, crimen organizado y extorsión que afecta al país.
El anuncio fue realizado en una declaración televisada, con apenas tres horas de antelación a la entrada en vigencia del decreto. Jerí estuvo acompañado por su gabinete y aseguró que con esta medida “comienza un cambio en la lucha contra la inseguridad en el Perú”.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva”, afirmó el mandatario, quien ha mantenido un discurso de mano dura contra la delincuencia desde su llegada al poder. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, añadió.
El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros, como lo establece la Constitución peruana, y otorga al gobierno la facultad de restringir o suspender ciertos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y de tránsito.
Medidas concretas en el marco del estado de emergencia
Aunque Jerí no detalló todas las acciones específicas que se tomarán, una versión del decreto difundida por medios locales anticipa medidas contundentes, entre ellas:
- Restricciones a las visitas en cárceles
- «Apagón eléctrico» en las celdas de los reclusos
- Destrucción de antenas ilegales de comunicación
- Operativos de fiscalización en zonas identificadas como focos de venta de drogas, armas, autopartes ilegales y celulares de dudosa procedencia
Asimismo, el decreto establece la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales, una práctica comúnmente vinculada a robos y actos delictivos.
Las actividades religiosas, culturales o deportivas masivas requerirán autorización previa, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso. También se anunció que habrá intervenciones en mercados ilegales vinculados a la trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas y comercio informal de tecnología vinculada a casos de extorsión.
Protestas, violencia y legitimidad cuestionada
El decreto llega en un momento de alta tensión social. Desde la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre —tras una ola de escándalos y presiones del Congreso—, las protestas no han cesado. Jerí, quien no fue electo por voto popular sino designado por el Congreso, ha enfrentado fuertes cuestionamientos de legitimidad.
Al menos 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos recientes entre manifestantes y fuerzas del orden. El caso más grave ocurrió el 15 de octubre, cuando un hombre de 32 años murió por un disparo de la policía durante una manifestación.
Diversos colectivos sociales han anunciado que continuarán en las calles hasta lograr la salida de Jerí del poder. El presidente, por su parte, ha sido enfático: “No voy a renunciar”.