Santo Domingo, R.D. – Las plataformas de entretenimiento Netflix y Amazon Prime Video presentaron querellas formales en República Dominicana contra los imputados en el caso de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo, en un hecho calificado como sin precedentes por el Ministerio Público.
La información fue ofrecida por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien destacó que ambas compañías, de alcance global, son «inusuales querellantes» en procesos judiciales dentro del país.
Se entregan prófugos
La acción judicial ocurre luego de que Leony Esmeralda Croes y Raúl Ernesto Guzmán Croes, prófugos en el caso, se entregaran voluntariamente a las autoridades. Ambos se suman a los ya acusados Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López.
A todos los implicados se les conocerá medida de coerción este jueves 25 de septiembre.
Red internacional y pagos con criptomonedas
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización operaba como una red transnacional de piratería digital, que ofrecía de manera ilegal el acceso a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenido exclusivo de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
El modus operandi consistía en descifrar claves de acceso a plataformas de streaming y revenderlas como suscripciones ilícitas a través de internet. Los pagos se realizaban en bitcoin y transferencias bancarias, tanto locales como internacionales, lo que permitió al grupo movilizar millones de pesos.
Estructura familiar y sofisticada
La fiscal Ramos detalló que la red estaba compuesta mayormente por personas jóvenes y con vínculos familiares entre varios de los imputados. Los clientes adquirían planes anuales que ofrecían acceso total al contenido de múltiples plataformas por una fracción del precio original.
Además, la investigación reveló el uso de tecnología avanzada para operar y ocultar la red, lo que representa un reto significativo para las autoridades en términos de regulación tecnológica y judicial.
Otro desafío identificado por el Ministerio Público es el manejo de los activos incautados en criptomonedas, dado que en República Dominicana solo el peso dominicano tiene estatus de moneda regulada.