A casi cuatro años de los primeros anuncios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aún espera que la Procuraduría General de la República (PGR) presente formalmente las acusaciones contra tres diputados señalados por su presunta implicación en redes de lavado de activos, narcotráfico y actos de corrupción.
Los legisladores involucrados son Nelson Marmolejos Gil (PRM – Santiago) y Faustina Guerrero Cabrera (PRM – Hato Mayor), ambos vinculados a la Operación Falcón, y Sergio “Gory” Moya (PRM – Distrito Nacional), señalado en la Operación Calamar.
A pesar de los compromisos públicos hechos por el Ministerio Público en 2021 y 2023, a la fecha no se ha presentado ninguna acusación formal ante la SCJ, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la existencia de pruebas sólidas o una posible falta de voluntad institucional.
Una fuente de alto nivel en la Suprema Corte confirmó que los expedientes continúan detenidos, «a la espera de presentación de solicitudes y/o acusación por parte de la PGR», en cumplimiento del Artículo 294 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del Ministerio Público de presentar la acusación si considera que existen fundamentos suficientes para solicitar la apertura de juicio.
Lo que dice el artículo 296 del CPP
Según el Artículo 296 del CPP, una acusación formal debe incluir la identificación precisa del imputado, una descripción detallada del hecho punible, la calificación jurídica correspondiente y los elementos probatorios que la sustentan. Hasta ahora, ninguno de estos requisitos ha sido cumplido por el Ministerio Público en los casos citados.
El proceso ha tenido incluso asignaciones judiciales: en septiembre de 2021, la SCJ designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como juez de instrucción especial. Sin embargo, tras su ascenso como presidente del Tribunal Constitucional, fue reemplazado por el magistrado Justiniano Montero en enero de 2024. Desde entonces, el caso permanece estancado.
Mientras tanto, otros casos similares han seguido el mismo patrón de lentitud, como ocurre con varios congresistas investigados en otras operaciones anticorrupción, dejando a la diputada Rosa Pilarte como la única legisladora condenada hasta el momento.
