A finales de junio de 2025, y luego de haber publicado en varios medios y redes sociales mis dos artículos de opinión —demostrando con datos y evidencias que el #CENSO2022 es inútil y contiene severos errores, omisiones y contradicciones—, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó dos nuevos informes sobre aspectos económicos y de fertilidad, incluyendo, sorpresivamente, la Base de Datos en dos formatos diferentes.
Entiendo que esto resulta sorprendente, no obstante, aún queda un informe pendiente y oculto, cuya publicación fue pospuesta por alegadas “inconsistencias de lugar”. Me refiero al informe sobre los datos de las personas inmigrantes que habitan en el país, el cual, seguramente por su gran omisión y el ruido que generaría, decidieron no publicar para evitar los intensos debates que este espinoso tema provocaría.
El hecho es que, como cabía esperarse de las actuales y recientes autoridades de la ONE —que en vez de contar con buenos técnicos o científicos han demostrado ser políticos con agendas ideológicas y de intereses—, con tan solo una rápida revisión de las bases de datos publicadas hasta ahora del Censo de Población y Vivienda de la República Dominicana 2022, he identificado al menos dos macos que ponen en duda la eficiencia y calidad del trabajo realizado por la ONE.
Primer marco:
La sabiduría popular no se equivoca cuando en el país se dice que «hay un maco» al referirse a una situación que no es clara ni coherente. Al abrir el archivo de vivienda de la base de datos del #CENSO2022 recientemente publicada, ningún dato cuadra con lo que fue presentado en el Informe General ni en otros informes.
En el Cuadro 10 del referido informe se afirma que en República Dominicana había 4,412,903 viviendas particulares, mientras que en la base de datos aparecen 4,445,779 viviendas particulares más 9,281 «otras viviendas». Estas 9,281 corresponden a locales e instituciones que ni siquiera deberían ser levantadas por un censo: fortalezas, departamentos de policía, cárceles, hospitales, iglesias, etc.
La base de datos presenta un total de 4,455,060 viviendas, cifra que no aparece ni en los centros espiritistas de San Juan de la Maguana ni del vecino Haití, y mucho menos en ninguno de los informes publicados por la ONE. De viviendas particulares ocupadas y no ocupadas —el dato que sí se publica en los informes oficiales del censo— la base muestra 4,445,779, es decir, 32,876 viviendas más que las publicadas oficialmente, y 42,157 viviendas más en total. En realidad, un error garrafal y un tollo absoluto.
Segundo marco:
El segundo maco detectado en la base de datos del #CENSO2022 se relaciona con los registros de personas, ya que, como era de esperarse, han omitido y ocultado variables importantes, como el lugar de nacimiento de la población (clave para identificar a personas nacidas en el extranjero que residen en el país sin tener nacionalidad dominicana, es decir, inmigrantes). Sin embargo, dejaron una variable que ni siquiera debieron publicar, ya que evidencia manipulación y un nivel de omisión censal mucho mayor al que la ONE había admitido.
En las referidas bases de datos (tanto de población como de vivienda) hay una variable llamada «tipo de registro», la cual indica si la vivienda/persona fue censada o registrada directamente, o si fue imputada o estimada como mecanismo de corrección de la omisión censal.
Lamentablemente, como se evidencia en la Tabla 1 de este artículo, esto demuestra una vez más el gran tollo y engaño cometido con el #CENSO2022, al afirmar inicialmente que la omisión censal era de apenas algo más del 20%.
La cruel verdad es que, según esta variable, más de un millón de viviendas no fueron visitadas ni censadas y debieron ser imputadas. Por otro lado, más de 3.6 millones de personas que habitan en el país no fueron entrevistadas y sus datos debieron ser estimados mediante mecanismos estadísticos, cuando debieron haber sido recogidos mediante entrevista directa, como establece la metodología censal, realizada por encuestadores debidamente entrenados.
Esto representa una omisión censal del 24.2% de las viviendas y del 28.4% de la población, cifras que superan ampliamente lo reportado por la propia ONE.
Tabla 1: Viviendas y Población Registradas e Imputadas por la ONE en el CENSO 2022
| Viviendas | ||
| Cantidad | Porcentaje | |
| Registradas | 3,375,964 | 75.8 |
| Imputadas | 1,079,096 | 24.2 |
| Total | 4,455,060 | 100 |
| Población | ||
| Cantidad | Porcentaje | |
| Registrada | 7,711,898 | 71.6 |
| Imputada | 3,062,085 | 28.4 |
| Total | 10,773,983 | 100 |
FUENTE: Análisis de los registros de las base de datos del #CENSO2022 publicadas por la ONE a finales de Junio del 2025.
Esto, sin dudas, amerita no solo la renuncia colectiva de los principales funcionarios involucrados en el #CENSO2022, por la evidente manipulación de los datos, omisiones y contradicciones que he evidenciado en mis análisis. A mi entender, esto ameritaría también un juicio político, patriótico y ético contra dichos servidores públicos, en especial a las más altas instancias del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) —autoridades actuales y pasadas— y de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Finalmente, esto exige, de una vez por todas, una reingeniería profunda y un verdadero fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, así como de las estadísticas demográficas, sociales y económicas en la República Dominicana. La población es la variable más importante de un país, y si no se sabe con precisión cuántos somos, todo lo demás que depende de esa cifra está viciado, es inútil y sesgado.
Por ejemplo, el Banco Central, en sus estadísticas de empleo, estimó que al primer trimestre de 2025 la población dominicana era de 10,847,307 personas, una cifra casi igual a la que reflejaba el censo del año 2022, pero ¡tres años después!. Esto, francamente, constituye un error garrafal y demuestra que las estadísticas oficiales no son confiables y están plagadas de sesgos estructurales que deben corregirse urgentemente.
Pero como sabemos, una institución monetaria como el Banco Central no está llamada a levantar estadísticas de empleo, precios, economía, pobreza, etc., tal como lo han entendido y corregido la mayoría de los países de América Latina y el Caribe desde hace décadas. Sin embargo, en la República Dominicana —donde la corrupción, la mediocridad, el clientelismo y la violación sistemática de derechos y leyes están profundamente arraigados en todos los estamentos del Estado—, una institución como el BCRD, plagada de ineficiencias, clientelismo y violaciones a la Constitución, a sus propias leyes y hasta a los derechos humanos, va a estar naturalmente reacia a que dichos cambios y reformas se ejecuten.
