La Unidad Antisecuestro, perteneciente a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, logró imponer penas de hasta 37 años contra miembros de una red de secuestros exprés con base en La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las magistradas Arlin B. Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, aceptó la acusación presentada por el Ministerio Público. La acusación demostró que los integrantes de esta red formaron una asociación ilícita, cometiendo robo agravado con violencia y portación ilegal de armas de fuego.
Gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal dictó sentencias de 15 años de prisión para Enmanuel Antonio Almarante Medrano y el ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue, mientras que Yéssica Estrella Féliz recibió una condena de siete años de reclusión. Esta red desmantelada había mantenido en estado de alarma a las comunidades de La Ciénaga y Guachupita.
Además de las penas de prisión, los condenados deberán pagar cinco millones de pesos en indemnización a las víctimas, quienes fueron asistidas por la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La estructura criminal operaba citando a hombres a través de redes sociales como Tinder, Grindr, Bumble y Badoo para encuentros íntimos. Una vez las víctimas accedían a visitar los lugares acordados, eran interceptados por un grupo de hombres armados que les robaban sus pertenencias y les privaban de su libertad por aproximadamente tres horas.
Los delincuentes lograron robar cadenas, guillos y anillos de oro, celulares iPhone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias, acumulando un total aproximado de un millón de pesos.
Gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Policía Nacional (Destacamento C2 de María Auxiliadora) y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), se recuperó parte de las pertenencias robadas, que habían sido vendidas en compraventas y plazas comerciales.
Las cinco víctimas, cuyos nombres se omiten para preservar su integridad, incluían tanto dominicanos como estadounidenses. Fueron agredidos físicamente, amenazados de muerte y sometidos a maltrato psicológico en incidentes registrados entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre de 2022.
Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, acompañada del fiscal litigante Claudio Cordero, señaló que la Unidad Antisecuestro lleva a cabo investigaciones de este tipo, bajo la dirección de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Nova Cabrera instó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes para asegurar que se impongan sentencias ejemplares como en este caso.