OPINIÓN, Angélica Castillo, para 7 Segundos Multimedia. – El reciente anuncio del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) sobre nuevas tarifas para trámites técnicos ha reactivado una discusión de fondo en el sector construcción: ¿cómo se comunican las políticas públicas que afectan directa e indirectamente al desarrollo inmobiliario?

Más allá del análisis económico, que sin duda es necesario, este tipo de medidas toca fibras sensibles en la relación entre el Estado, los desarrolladores y la ciudadanía. Una decisión sobre tarifas, por más técnica que sea, también genera reacciones emocionales. ¿Está justificada? ¿A quién beneficia o perjudica? ¿Por qué ahora?

La comunicación como componente de legitimidad

Toda política pública necesita no solo ser técnicamente sólida, sino también comunicacionalmente transparente. En un contexto donde la confianza institucional es frágil, las decisiones que afectan el bolsillo del sector — y, por extensión, del comprador final — deben venir acompañadas de una narrativa clara, empática y orientada a resolver dudas, no a generarlas.

Las tarifas pueden ser necesarias, pero si no se explican de forma abierta, si no se evidencia el valor agregado que aportan (como mayor eficiencia, modernización o garantía de calidad), el sector se ve obligado a operar bajo una sombra de duda. Y esa duda se convierte, rápidamente, en capital reputacional negativo.

Los efectos colaterales

El principal riesgo reputacional no está solo en el contenido de las tarifas, sino en la percepción de improvisación, desconexión o desproporción. Si los actores del sector sienten que las decisiones públicas se toman sin consultas reales o sin evaluar el impacto acumulativo de otros costos, se afecta no solo la relación con las autoridades, sino también la narrativa de estabilidad y confianza que el país necesita proyectar ante inversionistas locales y extranjeros.

En este punto, urge un enfoque más colaborativo y previsor. No basta con anunciar medidas: hay que construir consenso, comunicar con apertura y mostrar disposición para ajustar sobre la marcha si las circunstancias lo requieren.

¿Qué puede hacer el sector?

Aunque la decisión vino desde el MIVED, los actores privados no deben quedar al margen del debate. Desde gremios hasta empresas individuales, es momento de activar vocerías que expliquen con serenidad por qué el tema importa, cómo impacta la cadena de valor y qué se propone para asegurar que la construcción siga siendo un motor económico viable.La reputación del sector se fortalece cuando demuestra capacidad de diálogo, visión país y voluntad de participar activamente en la construcción (literal y simbólica) de soluciones.