BOLIVIA.- Este viernes 22 de noviembre, las redes sociales se llenaron de imágenes violentas del Parlamento de Bolivia, donde se produjo un escandaloso enfrentamiento entre los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista, en el marco de la creciente crisis política y económica que afecta al país.

Los enfrentamientos, con empujones y gritos, se desataron debido a la lucha interna entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce. Los parlamentarios de la ala evista intentaron boicotear la sesión parlamentaria liderada por el «arcista» Omar Yujra, a quien consideran ilegalmente electo. Pese a los disturbios, Yujra logró continuar con la sesión y aprobó la conformación de 12 comisiones y 37 comités para la legislatura 2024-2025.

Este incidente se produce en medio de protestas generalizadas por la escasez de dólares y combustible, así como por el aumento de los precios de los productos básicos. Las marchas y huelgas continúan reflejando el malestar social ante la gestión del gobierno de Arce, exacerbada por los conflictos internos del MAS.

En paralelo, el sector evista del MAS celebró una reunión en la que reafirmaron su lealtad a Evo Morales como presidente del partido y abogaron por su habilitación para postularse en las elecciones generales de 2025.

A pesar de dos sentencias del Tribunal Constitucional que le impiden postularse nuevamente, los evistas argumentaron que Morales sigue siendo el líder legítimo del MAS, citando su continuidad como presidente del partido según la constitución y las leyes. Este rechazo a las decisiones judiciales y la interpretación del Tribunal Constitucional desató fuertes críticas por parte de los seguidores de Arce.

En un comunicado, los evistas denunciaron la «injerencia política» del gobierno en los tribunales y exigieron el cese del hostigamiento judicial, al mismo tiempo que anunciaron una futura movilización en La Paz para exigir la liberación de los detenidos en las protestas y una solución a la crisis económica.

También pidieron que se iniciaran procesos penales contra los magistrados del Tribunal Constitucional que, según ellos, se habrían «autoprorrogado» y usurpado funciones, extendiendo sus mandatos fuera de la ley.