OPINIÓN, JASMILEY ORTIZ.- El Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (mejor conocido como IPI), se paga anualmente sobre la suma del patrimonio inmobiliario registrado a favor de personas físicas y fideicomisos. Grava con un 1% el valor excedente de RD$ 9,860,649.00.
Es decir, que todo el patrimonio inmobiliario que exceda el referido valor anualmente deberá un 1%, en dos cuotas semestrales, una en fecha 11 de marzo y la segunda y última el 11 de septiembre de cada año, representando esto una carga tributaria adicional a los titulares de derechos de inmuebles tributarios.
No puede dejarse de reconocer la necesidad del Estado de que sus ciudadanos cumplan con sus responsabilidades tributarias, pues los impuestos son una contribución necesaria para cubrir el gasto público y así poder responder las necesidades fundamentales de los ciudadanos como lo son la vivienda, salud, seguridad y educación. Esto tiene como consecuencia que, cuando de impuestos se trata, siempre se genera la siguiente pregunta en los ciudadanos:
¿Está cubriendo el Estado mis necesidades ciudadanas de manera efectiva en cuanto al acceso a la vivienda, seguridad, salud y educación de calidad?
¿Está el Estado retribuyendo el gasto que asumimos los ciudadanos en cuanto a impuestos?
Son preguntas que se generan en los diferentes sectores de la sociedad, especialmente en la clase media que invierte en una vivienda.
Partiendo de lo que establece nuestra Carta Magna en su artículo número 59, el Legislador reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. Estableciendo que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.
Además de esto, la Constitución Dominicana reconoce como un Derecho Económico y Social el Derecho a la Propiedad, estableciendo el compromiso del Estado con promover el acceso de los ciudadanos a tener una propiedad inmobiliaria titulada, a los fines de otorgar seguridad jurídica a los dueños de inmuebles en el territorio de la República Dominicana.
Sin embargo, la alta tributación que generan a sus titulares los derechos registrados podría considerarse como una política que, en vez de incentivar y promover el acceso a la vivienda titulada, dificulta el acceso a la misma y motiva la informalidad de los posibles adquirientes, pese a que esto no les otorgue garantía jurídica, especialmente de la denominada clase media.
Con excepción de los que adquieren viviendas calificadas de bajo costo y otros programas especiales de incentivo que no aplican a la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes adquieren una vivienda deben asumir los siguientes gastos:
- Prestamos por financiamientos los cuales estarán sujetos a una tasa de interés variable;
- Pago del 3% por concepto de la transferencia inmobiliaria;
- El 1% del valor del inmueble cuando el Patrimonio Inmobiliario exceda los RD$ 9,860,649.00;
- Los gastos de mantenimiento cuando se trate de un inmueble bajo el régimen de condominios;
- Gastos legales y técnicos según corresponda.
A estos gastos se le añade una nueva modificación con la propuesta de Modernización Fiscal (o reforma fiscal), en la que se propone el pago del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario a los inmuebles con un excedente de RD$ 5,025,380.75, lo que tendrá como consecuencia que aunque adquieras una vivienda propia, estarás sujeto a pagarle un eterno alquiler al Estado Dominicano.
Por lo que, con esta novedad se generan nuevas dudas en cuanto al derecho a la vivienda y a la propiedad:
- ¿Está siendo garantizado por el Estado el acceso al derecho a la propiedad?
- ¿Aumentar el IPI es la manera de garantizar el acceso a la propiedad y de motivar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada?
Mientras tanto, solo nos queda esperar para saber si se garantizará a la clase media el acceso a la vivienda o si esta trabajará eternamente para comprar una propiedad alquilada, que deberá ser paga anualmente al Estado.
El proyecto de Modernización Fiscal deberá ser evaluado y redireccionado, para que no termine golpeando a una sola clase social y lacerando a uno de los sectores económicos más productivos de la República Dominicana.
Jasmiley Pérez Ortiz
Abogada