El destino legal de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, acusada de narcotráfico y lavado de activos, se determinará el próximo 16 de octubre, cuando el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, lleve a cabo una audiencia programada para las 12:00 del mediodía.
Durante esta audiencia, se espera que el juez tome una decisión crucial sobre si se abrirá un juicio en su contra y si se le impondrán medidas de coerción, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público. Asimismo, el magistrado deberá considerar la solicitud de la defensa de la diputada en la que argumentan que la acusación carece de pruebas sólidas y contiene «imprecisiones».
El Ministerio Público busca que el juez emita un auto de apertura a juicio contra la diputada, respaldado por todas las pruebas presentadas ante el tribunal, cumpliendo con los principios de legalidad, pertinencia y relevancia. Además, se ha solicitado una medida de coerción de 100 millones de pesos, junto con la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la fiscalía.
Las acusaciones en contra de la legisladora incluyen la presunta participación en la colocación de más de 2,593 millones de pesos en el mercado financiero, provenientes de actividades relacionadas con una red de narcotráfico. También se le imputan cargos por lavado de activos, delitos tributarios e infracciones de la Ley Monetaria y Financiera. Las autoridades han señalado a Rosa Pilarte como un miembro activo de la red de narcotráfico y lavado de activos, en la que su esposo, Miguel Arturo López Florencio, y otros familiares están presuntamente involucrados.