SANTO DOMINGO.- Tres Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) —Senasa, Primera y Mapfre Salud— concentran el 70 % del mercado de afiliados en República Dominicana y administran el 85 % de los fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS), según el estudio “Condiciones de competencia en el mercado de las ARS 2010-2024”, presentado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).
El estudio, sustentado en datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Banco Central, advierte que esta concentración requiere monitoreo constante para garantizar una competencia efectiva. También señala que el mercado está altamente regulado, con cuotas fijadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y fondos gestionados por la TSS.
En términos de ingresos, el SFS pasó de RD$24,000 millones en 2010 a RD$114,000 millones en 2023, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12.57 %. La cantidad de cotizantes contributivos aumentó de 1.18 millones en 2010 a 2.25 millones en marzo de 2024. La inflación en salud en 2024 fue de 5.30 %, superior al crecimiento del PIB (3.34 %).
Según el informe, el índice de Lerner estimado para las ARS privadas es de 0.33, lo que refleja un margen de ganancia del 33 % por afiliado. En promedio, un afiliado adicional aumenta el gasto en salud en RD$698.83 en las ARS privadas.
El estudio identificó barreras significativas para nuevos competidores, como altos requisitos regulatorios, necesidad de redes prestadoras y costos operativos. Aunque han surgido nuevas ARS, enfrentan dificultades para consolidarse.
Pro-Competencia recomienda fortalecer los mecanismos regulatorios, implementar la atención primaria como entrada al sistema, revisar la asignación automática de afiliados y modificar la ley de Seguridad Social. También sugiere aumentar la transparencia en precios y calidad del servicio para mejorar el acceso y la competencia en el sistema.
La presidenta de Pro-Competencia, María Elena Vásquez, subrayó que el estudio busca generar políticas públicas que mejoren los servicios de salud y garanticen condiciones justas para todos los actores del sector.