En el día de ayer, Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, adelantó que en los próximos días surgirán novedades relacionadas con el proceso judicial que investiga el fraude en el Servicio Nacional de Salud (SENASA).
Durante una actividad realizada en la provincia Santiago, varios reporteros le preguntaron sobre la evolución de las investigaciones del PEPCA respecto al presunto desfalco de SENASA, a lo que Camacho respondió que “pronto habrá noticias”.
Hace más de 11 meses, el Ministerio Público recibió un informe sobre un presunto fraude dentro de esa dependencia estatal, entregado por el exdirector Santiago Hazím, quien fue destituido por el presidente Abinader en agosto pasado.
El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, junto al actual director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, entregaron a la Procuraduría General de la República un documento que recoge serias irregularidades detectadas en la institución. Las declaraciones de Camacho se producen más de dos meses después de que ese informe fuera depositado, en un contexto en el que el caso continúa bajo investigación.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el primer informe remitido en 2024 guarda relación con una investigación periodística de Julissa Céspedes, quien reveló la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron. Para dar apariencia de legalidad, se habría utilizado un centro de llamadas paralelo, operado fuera de la entidad por exempleados.
En cuanto al segundo informe, su contenido aún no ha sido divulgado oficialmente. Sin embargo, la periodista Nuria Piera denunció que SENASA destinaba hasta 65 millones de pesos mensuales a empresas privadas bajo contratos de atención primaria, muchos de los cuales no se cumplían en la práctica.
Otras irregularidades también han sido señaladas en la compra de medicamentos, en la contabilidad y en la autorización de operaciones ficticias. La periodista Edith Febles documentó que varias de las compañías contratadas no ofrecían los servicios pactados, mientras que el exdirector de SENASA, Chanel Rosa Chupany, reveló que durante la gestión de Santiago Hazím se implementó un sistema de doble contabilidad. Según explicó, se registraban montos inferiores a los reales en los informes enviados a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), lo que impedía detectar la magnitud de la deuda acumulada.
«Si una autorización costaba 20 mil pesos, se reportaban apenas 2 mil», señaló Chupany, quien aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar el desfalco.