El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, ofreció declaraciones a la prensa antes de la audiencia en la que se conocería la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, proceso que finalmente fue aplazado para este viernes.
Camacho explicó que el caso se enmarca en un esquema de soborno, sustentado en la teoría del Ministerio Público y en una entrega vigilada autorizada por un tribunal. Según detalló, se trataba de un proceso en el que se solicitaba dinero para alterar el curso de investigaciones que estaban bajo responsabilidad del imputado.
«El Ministerio Público ejecutó esta investigación desde adentro, para cortar una inconducta que estaba sucediendo en nuestro propio sistema. La corrupción en la justicia es de las peores formas de corrupción, porque convierte el derecho en algo soluble en dinero», afirmó.
El titular de PEPCA destacó que la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, y la Dirección de Persecución mantienen una política de cero tolerancia frente a la corrupción: «No ocultaremos, no taparemos y no toleraremos ningún acto de corrupción. Todo aquel del que tengamos evidencia terminará en los tribunales».
Camacho agregó que la investigación sigue abierta y que se procurará obtener pruebas de cualquier solicitud o entrega de soborno vinculada al caso. «Ahora vamos a conocer la medida de coerción y la investigación continuará hasta presentar la acusación, con todos los elementos de prueba que recabemos», puntualizó.