El ministro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, ha emitido un ultimátum advirtiendo que el Ejército israelí lanzará una amplia incursión en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, durante el próximo mes si los rehenes que quedan en manos de Hamás no son liberados. La ofensiva tendría lugar coincidiendo con el Ramadán, fecha sagrada para los musulmanes.

La incursión propuesta sería una ofensiva en toda regla en la localidad que alberga a la mayor parte de la población gazatí y sería lanzada si los más de 100 secuestrados que permanecen en poder de Hamás no son liberados.

«El mundo debe saberlo, y los líderes de Hamás deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah», aseguró Gantz durante una conferencia de líderes judío-estadounidenses.

El ministro afirmó que se llevaría a cabo una ofensiva coordinada en conversación con los gobiernos de Estados Unidos y Egipto, dos de los mediadores del conflicto junto a Qatar, para facilitar la evacuación de los habitantes en esa zona del enclave y «minimizar al máximo las víctimas civiles».

Sin embargo, hay preocupación por la magnitud de vidas en riesgo, y algunos gobiernos y organizaciones de ayuda han instado repetidamente a Israel a no entrar en Rafah, la última ciudad importante que no ha sido invadida por tropas terrestres durante los más de cuatro meses de la guerra en curso.

Entretanto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha iniciado audiencias sobre la ocupación israelí de tierras reclamadas para un eventual Estado palestino, a petición de la Asamblea General de la ONU. Esta es la segunda vez que ese organismo solicita al alto tribunal con sede en La Haya una opinión consultiva relacionada con los territorios controlados por Israel, que los palestinos reclaman para la formación de su eventual Estado.

En estas audiencias intervendrán un total de 51 países y dos organizaciones internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, acusó a Israel de someter a los palestinos a décadas de discriminación y apartheid, mientras que Israel rechaza tales señalamientos.

Se espera que los magistrados deliberen durante varios meses antes de emitir su opinión sobre el caso.

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