SANTO DOMINGO, RD.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó este miércoles una sentencia que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar con RD$10,912,792.00 al exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunicadora Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva sin pruebas en su contra.

La decisión, emitida por la Tercera Sala de la Suprema con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, confirmó la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños morales, físicos y profesionales ocasionados a Gutiérrez.

Un fallo histórico en materia de justicia

Los abogados del exagente, Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificaron la sentencia como un “precedente histórico” en la defensa de los derechos fundamentales.
“Es la indemnización más alta registrada en el país por prisión preventiva injusta. Envía un mensaje claro contra la arbitrariedad y a favor del respeto a la dignidad humana”, afirmaron.

El propio Gutiérrez declaró que la decisión representa una reparación moral más que económica. “Esta sentencia no me devuelve los años perdidos, pero demuestra que la verdad prevalece sobre la injusticia”, dijo.

Años de persecución y abuso

El caso se remonta a 2008, cuando Gutiérrez fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo falsas acusaciones de homicidio. Pese a la falta de evidencias, fue enviado a prisión preventiva por más de dos años.
Posteriormente, un testigo confesó haber sido sobornado para incriminarlo, revelando un esquema de corrupción institucional.

El exagente fue condenado dos veces a 30 años, sentencias que luego fueron anuladas por irregularidades. En 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.

Estado responsable de violar derechos fundamentales

En 2020, Gutiérrez demandó al Estado por RD$100 millones ante el TSA. El tribunal concluyó que la PGR actuó con arbitrariedad y abuso de poder, ordenando una compensación de RD$10.9 millones.
El expediente incluye peritajes que certifican que el exagente padece estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes derivadas del trato recibido durante su encarcelamiento.

La Suprema sienta precedente sobre prisión preventiva

La SCJ declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y advirtió que el uso abusivo de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.

Emitido el 29 de agosto de 2025, el fallo consolida el principio de que las instituciones públicas deben responder por los daños causados por sus funcionarios.

“Sobreviví a la humillación y al abandono, pero nunca perdí la fe en la justicia”, expresó Gutiérrez, quien calificó la decisión como una victoria moral tras más de una década de lucha judicial.