La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha ordenado que el Ministerio Público entregue a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien es el principal implicado en el caso Calamar, todas las actuaciones, evidencias y pruebas que han reunido para sustentar su acusación.
Esta decisión fue tomada después de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se negara a proporcionar dicha documentación, y tras una solicitud presentada por la defensa técnica de Guerrero.
La magistrada Patricia Padilla ha ordenado que se entreguen a los abogados de Donald Guerrero todas las informaciones recopiladas durante la investigación desde el momento en que se impuso la medida de coerción hasta la presentación de la acusación. Esto permitirá que puedan examinar y obtener copias de elementos o documentos adicionales que hayan sido recopilados durante la fase de investigación y que sean relevantes para la defensa, siempre y cuando no obstaculicen la investigación en curso ni revelen estrategias del ente acusador.
La jueza también enfatizó la importancia de la discreción en el conocimiento de las actuaciones realizadas, y destacó que el incumplimiento de esta discreción se considera una falta grave según el artículo 290 del Código Procesal Penal.
El exministro Donald Guerrero, tras una variación en la medida de su prisión preventiva, ha sido trasladado al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad, luego de pagar una garantía económica de cinco millones de pesos. Esta solicitud de acceso a la carpeta fiscal de la investigación se realizó previamente a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
El caso Calamar implica a varios exfuncionarios y figuras públicas en acusaciones que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros cargos sin precedentes. Entre los acusados se encuentran exministros y otros altos funcionarios gubernamentales.