La medida elimina 111 artículos de los 449 que existen en el Código Procesal Penal
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido un fallo histórico que impacta profundamente el sistema judicial del país; la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 10-15, que introducía modificaciones al Código Procesal Penal (Ley 76-02). En su sentencia TC/0765/24, el Tribunal no solo invalidó el artículo 24 de la ley, sino que extendió su inconstitucionalidad a todo el cuerpo de la normativa, dejando sin efecto las reformas que se habían implementado y devolviendo el ordenamiento jurídico al estado previo a su promulgación.
Motivos de la inconstitucionalidad
La decisión del Tribunal Constitucional se basa en vicios de forma detectados durante el procedimiento de aprobación de la ley, lo que, según el fallo, vulnera principios constitucionales esenciales, tales como la unidad normativa y la interdependencia de los artículos.
Según el Tribunal, la ley no cumplió con los procedimientos establecidos en la Constitución, particularmente con los requerimientos de la mayoría calificada y la deliberación conjunta en ambas cámaras del Congreso, como se especifica en los artículos 76, 93.1 (literal b), 102 y 103 de la Constitución dominicana.
Efectos de la sentencia
Aunque la sentencia anula la Ley 10-15, los efectos de la misma no serán inmediatos. El Tribunal otorgó un plazo de un año al Congreso Nacional para corregir los vicios detectados y promulgar una nueva ley conforme a la Constitución. Si no se cumple este plazo, la Ley 10-15 será excluida automáticamente del ordenamiento jurídico. Esta decisión obliga al Congreso a aprobar una nueva ley en 2025.
Acción judicial y argumentos de la defensa
El caso fue impulsado por una acción directa de inconstitucionalidad presentada por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, quien argumentó que la Ley 10-15 violaba principios constitucionales esenciales, como el sistema bicameral y la supremacía constitucional, fundamentales para el funcionamiento democrático y el respeto a las normas establecidas en la Carta Magna.
La sentencia tiene implicaciones significativas para el Código Procesal Penal y el sistema de justicia penal del país. Con la declaración de inconstitucionalidad, se eliminan 111 de los 449 artículos del Código, lo que afecta derechos clave en la persecución de crímenes.
El abogado y exdirector de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia, Federico Méndez, comentó en una publicación que, con la anulación de la Ley 10-15, desaparecen una serie de prerrogativas otorgadas a la persecución de crímenes y delitos, lo que podría afectar la efectividad de las acciones judiciales en casos penales.
La controversia de los vicios de procedimiento
El Tribunal Constitucional detalló que los vicios encontrados en el procedimiento de aprobación de la ley fueron graves, específicamente la intervención unilateral del Senado y el incumplimiento del requisito de la mayoría calificada que constitucionalmente se requiere para la aprobación de una ley orgánica. Esta irregularidad, según el fallo, impide que se pueda considerar la ley como aprobada de acuerdo con los principios democráticos y de bicameralidad establecidos en la Constitución de la República Dominicana.