SANTO DOMINGO.- Para noviembre de 2024, aproximadamente 5.5 millones de dominicanos dependían de algún tipo de ingreso mensual proveniente de los recursos públicos administrados por el Gobierno. Esta cifra refleja un incremento del 45 % en un periodo de cinco años, considerando que en 2019 la cantidad de beneficiarios era de 3.8 millones, según un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
El informe destaca que en 2022 el 51.1 % de la población recibía algún tipo de ayuda financiada con los impuestos de los ciudadanos, un 3 % más que en 2023. Este crecimiento se debe, en parte, al aumento de los programas de subsidios implementados para mitigar el impacto de la inflación post-pandemia, elevando el porcentaje de beneficiarios al 47.9 %, por encima del promedio anual del 36 % registrado entre 2009 y 2021.
Los principales beneficiarios
Los ciudadanos que dependen de estos recursos se dividen en tres categorías principales:
- Hogares inscritos en el programa Supérate
- Empleados públicos registrados en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril)
- Pensionados del Estado, según la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP)
Programas con mayor cantidad de beneficiarios
El programa Aliméntate lidera la lista de transferencias sociales con mayor cobertura. En 2020, durante el inicio de la pandemia, este programa asistía a 962,431 hogares, pero cuatro años después, el número de tarjetas entregadas aumentó en 528,745. Un patrón similar de crecimiento se observa en otros subsidios como Bonogás Hogar y Bonoluz.
En cuanto a otros programas de asistencia, las cifras de noviembre de 2024 revelan que:
- Bonogás Hogar cuenta con 1,331,645 beneficiarios
- Bonoluz, con 547,746
- Avanza, con 121,172
- Suplemento Alimenticio a Envejecientes, con 83,312
En total, se estima que 4.5 millones de hogares recibieron al menos una transferencia estatal en este período.
Aumento de empleados públicos y pensionados
El estudio también revela un crecimiento en el empleo público. En 2019, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) registraba 655,432 empleados en el sector público, cifra que ascendió a 744,913 en noviembre de 2024, representando un aumento del 13.7 %.
En el caso de los pensionados, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones reportó un incremento significativo: en 2019 había 142,165 pensionados, pero en noviembre de 2024 la cifra alcanzó los 241,811, lo que equivale a un aumento del 70.09 %. Las pensiones especiales también experimentaron un fuerte crecimiento, pasando de 10,163 en 2020 a 51,658 beneficiarios.
Subsidios frente a reformas estructurales
El Crees señala que, aunque los subsidios fueron implementados para responder a crisis económicas, su permanencia plantea desafíos. La organización advierte que si bien el PIB y el empleo han mostrado cifras favorables, la creciente dependencia de la población en los recursos estatales refleja una falta de fortalecimiento en los fundamentos de la economía.
«Aunque en el corto plazo los subsidios parecen una solución, no reemplazan políticas de generación de empleo ni de mejora del entorno empresarial. Además, una vez instaurados, es difícil eliminarlos sin un alto costo social», subraya el informe.
La creciente cantidad de personas que reciben asistencia estatal, junto con el incremento del empleo público y las pensiones, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo.