En el Senado de la República Dominicana descansa un proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Infractores Sexuales. Este registro tendría como objetivo incluir a las personas condenadas por delitos sexuales durante un período de 10 años, con el propósito de advertir a la población y prevenir futuros casos de violaciones.
La propuesta fue presentada por Pedro Antonio Tineo Núñez, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Monte Plata. La pieza se discutirá en las próximas sesiones y deberá ser aprobada en dos lecturas consecutivas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De obtener el respaldo necesario, el proyecto pasará al Palacio Nacional para ser promulgada por el presidente Luis Abinader.
De ser aprobada, la República Dominicana se sumaría a otros países que ya cuentan con registros similares, tales como Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Brasil y Argentina, entre otros.
Sobre los delitos
El artículo 1 de la pieza define al infractor sexual como la «persona condenada mediante sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o definitiva por la comisión de una infracción de naturaleza sexual«.
Por su parte, el artículo 8 específica que los delitos por los que una persona ingresaría a la base de datos son: acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 18 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir, inducción a la prostitución.
También, constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial, así como pornografía con menores de 18 años y turismo sexual.
Asimismo, el registro incluirá información detallada sobre cada individuo, incluyendo nombre, alias, número de identificación, fotografía, direcciones de residencia y domicilio, lugares frecuentados, tipo de delito, condena, número de sentencia, tribunal que dictó la condena y su perfil de ADN (ácido desoxirribonucleico).
La Procuraduría será la encargada de gestionar la plataforma y deberá garantizar la confidencialidad de los datos. Al finalizar el cumplimiento de la condena, el juez de ejecución de la pena deberá notificar al registro con una antelación de 10 días para proceder con la actualización.
En junio de 2024, después de una década sin avances, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los condenados por violación trabajar con menores de edad. Este proyecto se encuentra actualmente detenido en el Senado.