El fallo del Tribunal Superior Electoral suspende de forma provisional la resolución que convoca al proceso de selección presidencial, evidenciando posibles vulneraciones a principios como la equidad, la igualdad y la democracia interna.
La publicación íntegra de la ordenanza cautelar del Tribunal Superior Electoral (TSE), emitida el pasado viernes, ha dejado al descubierto los serios fundamentos jurídicos que motivaron la suspensión del proceso interno mediante el cual el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretendía definir anticipadamente su candidatura presidencial.
El TSE, con base en el principio de verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la necesidad de preservar el debido proceso, estableció de manera precisa que el acto impugnado presentaba signos claros de afectar garantías esenciales. Lejos de ser una simple pausa administrativa, esta decisión constituye un acto jurídico que protege los principios democráticos internos, y que proyecta el rumbo de una futura sentencia de fondo.
Advertencia jurídica con peso político
Quienes minimizan la medida alegando que el fondo aún no ha sido decidido, ignoran que las medidas cautelares se dictan solo cuando el tribunal encuentra indicios sólidos y razonables de que los derechos invocados podrían ser vulnerados si el proceso continúa sin corrección. El tribunal ha enviado una señal jurídica contundente: el procedimiento seguido por el Comité Político podría no haber cumplido con los estándares de legalidad y equidad exigidos.
Aún es tiempo de actuar con sensatez
El Partido de la Liberación Dominicana tiene ante sí una oportunidad crucial: retomar el camino del consenso, de la inclusión y de la transparencia. Persistir en una ruta cuestionada solo generará mayores divisiones internas, debilitará la moral de las estructuras y pondrá en riesgo la credibilidad del liderazgo ante el país.
En vez de interpretarse como una derrota, esta decisión judicial debe ser vista como una oportunidad para reflexionar, revisar y construir un proceso verdaderamente legítimo. La historia política dominicana ha demostrado que cuando los partidos ignoran la legalidad interna y el espíritu democrático, pagan altos costos en las urnas.
Una suspensión que detiene el desbalance
La medida cautelar no solo suspende una resolución: suspende el avance de una dinámica que amenazaba con cerrar el paso a la participación igualitaria y al derecho de aspirar en condiciones de equidad. El TSE ha contenido a tiempo una ruta que, de mantenerse, podría derivar en una fractura institucional difícil de reparar.
El tribunal ya ha hablado con claridad. Ahora es el momento de que el PLD escuche con sabiduría, reabra los cauces democráticos internos y recupere el principio del consenso como fórmula de fortaleza.