La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte ha presentado una solicitud al tribunal de esta jurisdicción para abrir un juicio contra tres individuos y una empresa implicada en una estafa financiera que afectó a 117 personas.
La acusación del Ministerio Público apunta a Marvin Joel Soriano Robles, el gerente de la empresa, Roxanna Milagros Villeta Gómez (pareja de Marvin), la abogada notaria Noemí Ortiz De Salazar y una empresa dominicana no identificada por razones legales como los responsables de esta estafa.
El expediente de acusación destaca que Soriano Robles fue el principal arquitecto de la estafa, que incluyó extorsión y chantaje contra un grupo de personas vulnerables económicamente en Santo Domingo Este. Estas víctimas fueron contactadas a través de redes sociales y luego a través de WhatsApp, donde los estafadores les ofrecían la limpieza de su historial crediticio a cambio de pagos que oscilaban entre RD$50,000 y RD$200,000. También les prometían ayudarles a obtener préstamos.
Posteriormente, los estafadores afirmaban haber limpiado el historial crediticio de las víctimas y les daban un plazo para realizar los pagos. Además, los amenazaban con aumentar los intereses, embargar sus cuentas bancarias, quitarles vehículos y propiedades si no cumplían con los contratos falsos.
En algunos casos, después de obtener copias de los documentos de identidad de las víctimas, los acusados embargaban sus cuentas mediante la presentación de contratos y pagarés notariales falsificados en varias entidades bancarias, lo que convertía a las víctimas en deudores de la empresa.
El procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, que lideró la investigación, ha instado a crear un sólido expediente que permita obtener una condena ejemplar.
La investigación, llevada a cabo por los fiscales Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar, ha revelado que la empresa falsificaba las firmas y caligrafías de las víctimas, infringiendo la Ley del Notario.
El Ministerio Público ha calificado los delitos de acuerdo con diversos artículos legales, incluyendo la obtención ilícita de fondos, estafa, chantaje, robo de identidad y falsificación de documentos y firmas, según la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. También, se mencionan violaciones a artículos del Código Penal Dominicano y a leyes sobre notarios públicos y sociedades comerciales.
Además, se ha solicitado la fusión de expedientes, dado que inicialmente hubo 19 denuncias, que luego aumentaron a 98, sumando un total de 117 denuncias presentadas por las víctimas de la estafa.