7 SEGUNDOS, ESPAÑA.- El esperado juicio contra Shakira por seis delitos fiscales concluyó con un acuerdo entre las partes, en el cual la cantante colombiana admitió su participación en el fraude y aceptó una pena de tres años de prisión, que no cumplirá debido a la ausencia de antecedentes penales, así como el pago de una multa de más de 7,3 millones de euros. La Audiencia de Barcelona condenó a la cantante ‘in vocce’ y sustituyó la pena de cárcel por el pago de alrededor de 432.000 euros. Shakira, en una breve comparecencia ante el tribunal, admitió únicamente el delito, evitando así ingresar a prisión.
El tribunal consideró un atenuante significativo de reparación del daño, ya que Shakira había devuelto a Hacienda los 14,5 millones presuntamente defraudados. Este acuerdo marca el fin de un proceso judicial que se prolongó durante seis años.
Los Latin Grammy y el acuerdo
En la última semana, aprovechando su estancia en España por los Latin Grammy, se intensificaron las negociaciones para llegar a un pacto que evitara un juicio extenso, en el cual 117 testigos, incluidos ex empleados de la cantante, directivos de empresas y otros, habrían detallado la vida privada de Shakira entre 2012 y 2014, al inicio de su relación con Gerard Piqué.
Los asesores de Shakira, en un comunicado, explicaron que eran conscientes del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una artista de su renombre.
El acuerdo económico con la acusación tenía como objetivo poner fin al proceso y evitar la exposición mediática y la prolongada duración del juicio. Shakira expresó que, aunque se sentía lista para enfrentar un juicio y defender su inocencia, después de años de lucha, optó por cerrar este capítulo de su vida y priorizar su carrera, estabilidad y la de sus hijos.
Admiro a aquellos ciudadanos españoles que han luchado hasta el final, pero para mí, ganar es recuperar mi tiempo, afirmó la cantante.
La decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales, independientes de consideraciones jurídicas. Shakira enfatizó la importancia de escoger sus batallas y centrarse en garantizar una vida plena para sus hijos, quienes le pidieron evitar un juicio penal y vivir una etapa más feliz. Además, la cantante señaló la necesidad de revisar el sistema en España para beneficiar a aquellos ciudadanos que carecen de recursos para una defensa adecuada.
Otros casos de la cantante
A pesar de este acuerdo, Shakira enfrenta otro proceso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía que sus asesores consideran menos desgastante y expuesta que la vía penal. Shakira sostiene que el caso de 2011 es absurdo, ya que no estaba cerca de ser residente en ese año.
Alega que ha pagado una deuda injusta de 60 millones de euros debido a una doble imposición y a un proceso anómalo y fuera de plazo. La cantante confía en el discernimiento de las autoridades de justicia y espera que la conclusión del caso penal no afecte al caso de 2011, que considera completamente diferente.
En cuanto al juicio que se evitó con este acuerdo, estaba programado que 117 testigos declararan en las sesiones en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía, que aceptó el acuerdo y redujo su petición de pena, sostenía que Shakira permaneció en España de manera efectiva durante 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, superando los 183 días al año que la convertirían en residente fiscal.
Por otro lado, Shakira mantenía que tenía residencia en Bahamas y que, debido a compromisos laborales, no pasó ese tiempo en Barcelona con Gerard Piqué.
El acuerdo evita la declaración de numerosos testigos, incluidos empleados de restaurantes, bares, hoteles, peluquerías, centros de belleza, vecinos, directivos de marcas conocidas, y otros, que habrían detallado la vida de la cantante durante esos años.
Aunque este acuerdo resuelve la situación penal, Shakira aún enfrenta otra causa por fraude fiscal ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, que reclama una deuda de 6.686.502 euros por la declaración de 2018 del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.