La Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, dirigida por el general Ramón Samuel Azcona Reyes, ha tomado medidas enérgicas conforme a la Ley 590-16 que rige la institución. En base al artículo 105 de dicha ley, se procedió a cancelar a 23 policías con rangos que van desde mayor hasta raso, debido a su involucramiento en diversas faltas mientras ejercían sus funciones.

Estos agentes fueron separados de la institución policial debido a una serie de infracciones acumuladas, que incluyen ausencias injustificadas en el trabajo, abuso de la fuerza contra ciudadanos durante arrestos, entre otras conductas inapropiadas. El capitán Fernando Pérez Valerio, portavoz del cuerpo de seguridad en Santiago, confirmó esta información.

Valerio explicó el protocolo que todo policía debe seguir al enfrentarse a personas que estén infringiendo la ley. Este protocolo se basa en el uso de la fuerza solo cuando sea necesario y proporcionado. Primero, se intenta resolver la situación con el diálogo y técnicas de arresto adecuadas, después se puede recurrir a la macana, y en casos extremos en los que la vida del agente o de terceros esté en peligro, se puede hacer uso del arma de fuego como último recurso.

Razones para la desvinculación de los agentes policiales

Pérez Valerio explicó que esta medida se llevó a cabo siguiendo el reglamento de aplicación número 20-22 en los artículos 226 y 227 de la Ley 590-16, que establece las condiciones para realizar cancelaciones dentro de la institución.

El vocero de la Policía Nacional en Santiago dijo que las faltas más comunes que llevaron a la separación de los 23 policías fueron las ausencias a los servicios asignados. Estos servicios están establecidos según el mismo reglamento 20-22 de la institución policial.

Además, mencionó que cada vez que un agente falta a un servicio, se registra una falta en su historial. Acumular varias faltas se convierte en una de las infracciones más severamente sancionadas por la institución. Por ejemplo, cuando un policía acumula cinco faltas en los últimos cuatro años, la consecuencia es la cancelación de su cargo dentro de la Policía Nacional.

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