Meditando sobre el rumbo de la reforma fiscal nos damos cuenta que es innegable que el proyecto planteaba un desafío significativo; pero también es indiscutible que las medidas propuestas se realizaron sin un previo consenso. No se puede obviar que el sistema fiscal dominicano enfrenta serios desafíos entre la evasión fiscal y la informalidad que son problemas persistentes que limitan la capacidad del Estado para generar ingresos.
Ahora el dilema es: ¿Cómo equilibrar la necesidad de un sistema fiscal más eficiente con la responsabilidad de no sobrecargar a los ciudadanos? ¿como se están administrando los recursos que antes daban basto y ahora parecen ser escasos? bien lo dice el refran «cuando el abad está contento, lo está todo el convento».
Es necesario reflexionar sobre las razones que llevaron al gobierno a presentar un proyecto tan controvertido y, luego, a dar marcha atrás. ¿Fue una falta de comunicación? ¿O tal vez subestimar el descontento social? Lo cierto es que la política fiscal no debe ser un juego de ajedrez en el que los movimientos se realizan sin considerar las consecuencias en la vida diaria de los ciudadanos.
El reto que enfrenta el gobierno ahora es construir una estrategia que no solo evite dividir y divergir, sino que también fomente una verdadera participación ciudadana en la creación de políticas fiscales. Esto implica escuchar las voces de diversos sectores y trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles que equilibren las necesidades del Estado con la capacidad de la población para contribuir.