Durante cinco años, el antiguo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, permaneció al frente del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, mientras las quejas de usuarios se acumulaban como si fueran parte natural del sistema. Tras su destitución en medio del sonado apagón nacional que dejó paralizado el Metro por horas, vuelve a quedar al descubierto una pregunta que el país lleva tiempo haciendo: ¿por qué se premia la baja efectividad?
La destitución de Santos no sorprendió a quienes han seguido de cerca su gestión. Lo que sorprende —y escandaliza— es que haya permanecido cinco años en el cargo pese a un historial de controversias, fallas operativas y denuncias internas que fueron ignoradas una y otra vez.
Cinco años de quejas ignoradas
Durante la gestión de Santos, miles de usuarios denunciaron fallas recurrentes: entre ellas, escaleras eléctricas y ascensores fuera de servicio, vagones abarrotados, retrasos constantes en los trenes, fallas eléctricas, falta de información durante incidentes, mantenimiento cuestionado y comunicación prácticamente nula con el público. En redes sociales, cada avería se convertía en tendencia y cada falla dejaba al descubierto la fragilidad de un sistema que debería ser ejemplo de eficiencia.
A pesar de los episodios señalados públicamente durante su administración —los cuales alimentan la percepción de que, en lugar de corregir, el sistema dominicano parece premiar—, Santos se mantuvo firme en su cargo, como si el descontento ciudadano no tuviera ningún peso o como si la Opret operara en un vacío donde el usuario fuera lo menos importante.
Choques de trenes y fallas técnicas: señales de alerta que nunca se escucharon
Dentro de los incidentes más notorios bajo la dirección de Santos están documentados episodios divulgados por empleados y pasajeros sobre choques entre trenes durante maniobras con usuarios a bordo. Fallas técnicas repetitivas, como puertas que no cerraban correctamente, trenes que quedaban detenidos entre estaciones por tiempo prolongado y problemas de mantenimiento que “se acumulaban sin solución hasta que explotaban”.
Estos hechos nunca fueron abordados públicamente con transparencia, dejando una sensación de opacidad e improvisación constante.
Protestas y denuncias de empleados
A lo largo de estos cinco años, grupos de empleados —tanto activos como desvinculados— realizaron protestas alegando:
• Ambiente laboral deteriorado
• Falta de insumos para el mantenimiento
• Presiones internas, favoritismos y decisiones administrativas “inexplicables”
• Jornadas extenuantes sin compensaciones
• Bloqueo a reclamos y represalias contra quienes denunciaban irregularidades
Muchos de esos empleados aseguraron que el sistema se estaba “sosteniendo de milagro” porque el área técnica trabajaba bajo presión extrema mientras la administración ignoraba advertencias y críticas.
Sin embargo, estas protestas nunca generaron una reacción seria desde el Poder Ejecutivo. Se optó por el silencio, el desentendimiento y la indiferencia.
Despidos masivos y reorganizaciones que nunca se explicaron
En ese mismo orden, después de las protestas prometieron mejorar las condiciones laborales a los empleados que exigían mejores beneficios, y la respuesta fue, poco después, desvinculaciones masivas que generaron indignación, especialmente en áreas técnicas, como Conductores de Trenes y Operadores de Estaciones, personal capacitado en su mayoría con más de 10 años de experiencia en las diferentes áreas.
Asimismo, Santos sustituyó al personal clave por nombramientos que no contaban con la formación necesaria para manejar sistemas ferroviarios de alta complejidad, lo que provocó: pérdida de personal experto, disminución en la calidad del mantenimiento, sobrecarga en los trabajadores que permanecieron y mayores riesgos operacionales. Aun así, desde el Gobierno no se cuestionó la dirección de la Opret ni una sola vez.
Sin embargo, la Opret nunca ofreció explicaciones claras sobre estas reestructuraciones y durante todo ese tiempo, el país vio un patrón claro: mientras los problemas crecían, el presidente no reaccionó y se mantuvo distante, actuando como si nada pasara frente a un caos que se volvió rutina.
Aunque cada uno de estos incidentes era una llamada de alerta, cada alerta era ignorada y Santos, apodado por muchos (el terror de la OPRET), seguía firme en el cargo, como si administrar un sistema ferroviario fuera un experimento.
El apagón que lo cambió todo
El apagón nacional del martes, que dejó sin servicio al Metro durante varias horas y obligó a miles de trabajadores y estudiantes a buscar cómo moverse “a mano pelá”, fue la gota que derramó el vaso. La crisis evidenció no solo fallas eléctricas, sino también la incapacidad de la dirección para manejar situaciones de emergencia, ofrecer respuestas claras o siquiera garantizar un protocolo eficiente.
Mientras el país se preguntaba por qué un sistema de transporte de alta demanda no tenía operativas sus plantas de emergencia.
La explicación de Rafael Santos fue casi insultante: “El apagón nos agarró con la planta de emergencia en mantenimiento”.
¿Mantenimiento de la única fuente de respaldo eléctrico EN PLENO HORARIO LABORAL?
¿Sin un protocolo alterno?, ¿sin planificación?, ¿sin aviso? Escándalo tras escándalo… y la silla seguía intacta.
Un sistema que mueve cientos de miles de personas diarias quedó paralizado por una decisión que raya en lo absurdo.
El colapso total del Metro por el apagón nacional fue el punto de quiebre. Fue entonces cuando llegó la destitución. Pero no como consecuencia de años de quejas acumuladas, sino por un solo evento tan grande que ya no podía ocultarse bajo la alfombra.
Un sistema en riesgo… y una gestión que parecía intocable
Lo más revelador no es la salida de Santos porque el hilo conductor de estos cinco años es evidente: alertas había de sobra, lo que faltó fue voluntad de escucharlas.
La permanencia de Rafael Santos al frente de la Opret, pese a incidentes operativos, protestas internas, fallas técnicas repetidas, reorganizaciones polémicas, quejas de usuarios y decisiones cuestionadas como la del apagón, refleja un patrón conocido en la administración pública dominicana: un sistema que tolera la ineptitud y reacciona solo cuando la crisis se vuelve demasiado grande para ignorarla.
En vez de incentivar eficiencia, se mantiene una estructura donde “hacer lo mínimo” parece suficiente y donde los resultados no se miden por calidad, sino por conveniencia política.
La salida del ingeniero no es una victoria de la gestión pública; es la confirmación de un problema mayor: la tendencia de la administración a proteger la inoperancia hasta que la crisis se hace viral.
¿Y ahora qué?
La llegada de Jhael Isa abre un nuevo capítulo, pero también deja una sombra inevitable: ¿se evaluará realmente la gestión o solo se sustituye una pieza para apagar el ruido?
El país espera más que un cambio de nombre: espera transparencia, modernización, mantenimiento real y un liderazgo que no espere un apagón nacional para reaccionar.
Porque lo visto estos cinco años demostró una verdad incómoda: en República Dominicana, más que destituir la falta de eficiencia, a veces parece que se le tolera y hasta se le premia.
La destitución llegó, ¡sí!, pero llegó después de demasiado daño, después de demasiado silencio, después de demasiada incapacidad operativa, y con esto lo que queda claro es que por un tiempo prolongado la inoperancia no solo se toleró, se protegió y se normalizó.