7 SEGUNDOS.- El Banco Agrícola Dominicano, es una institución que tiene como objetivo financiar proyectos para el desarrollo agropecuario de la República Dominicana, recientemente el organismo financiero se ha visto envuelto en escándalos de corrupción tras presuntamente facilitar préstamos a funcionarios y a sus allegados de manera irregular.
Además, se ha denunciado que el Banco ha otorgado montos elevados a estos beneficiarios, con plazos de pago más largos de los establecidos por la ley, favoreciendo a ciertos clientes por encima de otros. También se señala que, en estos casos, no se han exigido las garantías que normalmente se requieren para otorgar créditos.
En julio, los comunicadores Obniel Ramírez y Pedro Jiménez denunciaron irregularidades relacionadas con funcionarios públicos en el Banco Agrícola. Sin embargo, en noviembre las denuncias cobraron mayor fuerza gracias a una investigación realizada por el abogado y comunicador José Martínez Brito.
A estas se sumaron los comentarios del comunicador Ricardo Nieves, quien instó al Ministerio Público a intervenir, y la solicitud a Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, para que aclare los rumores que han surgido en torno a la institución.
Detalle de préstamos presuntamente otorgados a funcionarios y allegados
Según los registros, dentro de los funcionarios público que aparentemente se encuentran involugrados figuran.
Jesús Antonio Vásquez (Chu Vásquez), cónsul de la República Dominicana en Nueva York, solicitó un préstamo de RD$2,500,000.00 el 15 de diciembre de 2022 y otro préstamo de RD$6,000,000.00 el 6 de febrero de 2023 ambos aprobados a 84 meses.
Emely Núñez de Aza, secretaria de la Oficina de Gestión Senatorial de Nagua, tomó un préstamo de RD$2,000,000.00 el 22 de noviembre de 2022.
Alexis Victoria Ayeb, senador de la República, recibió un préstamo de RD$10,000,000.00 el 12 de enero de 2023.
Rafaela Javier Gomera, senadora de la provincia Monte Plata, solicitó un préstamo de 770 mil pesos el cual nunca pago. En su lugar fue premiada con la aprobación de otro préstamo de un monto mucho mayor de RD$8,757,000.000 pesos a 84 meses.
Diomedes Salutiano Santos, vocero de Ayeb y subdirector de INESPRE, también solicitó RD$10,000,000.00 el 12 de enero de 2023, y el monto fue depósitado en la cuenta de la señora Rafaela Javier Gomera.
Gilberto Manuel Cruz Acosta, asistente de Ayeb y empleado del Ministerio de Interior y Policía, solicitó RD$2,500,000.00 dos meses después de Ayeb.
Franklin Tomás Medina Bencosme solicitó un préstamo de RD$2,000,000.00.
Arístides Victoria José, tío del senador Ayeb, también solicitó un préstamo de RD$2,000,000.00.
Rafael Emil Chalas Báez, vicecónsul en España, solicitó un préstamo de RD$2,500,000.00, presuntamente referido por el senador Ayeb.
Otros presuntos involucrados
Jairo Abel Díaz Rodríguez, vicecónsul en Canadá, solicitó dos préstamos: uno de RD$3,000,000.00 y otro de RD$5,000,000.00.
Jairo Samuel Díaz Báez, hijo de Jairo Abel Díaz Rodríguez, solicitó un préstamo de RD$1,500,000.00.
Miguel Ruiz Correa, hijo de la exgobernadora de Nagua, solicitó un préstamo de RD$3,000,000.00 dos meses después.
El hermano de Miguel Ruiz Correa solicitó un préstamo de RD$4,000,000.00.
José Ramón Ventura Fernández, presuntamente empleado en el Ministerio de Interior y Policía, solicitó un préstamo de RD$4,000,000.00.
Eulogio Amado Torres Abreu, también miembro del Ministerio de Interior y Policía, solicitó un préstamo de RD$2,500,000.00.
Otro caso involucrado es el de un hombre de Arenoso, actualmente preso en Colombia por corrupción. Según las denuncias, el Banco Agrícola le financió aproximadamente 500 millones de pesos. Este individuo, que supuestamente habría enviado a dos ecuatorianas con 2 millones de dólares desde Republica Dominicana a Ecuador, estaría vinculado a un mecanismo de lavado de activos.
Ubicación donde presuntamente se otorgaron los prestamos
Los préstamos mencionados anteriormente habrían sido realizados en diversas oficinas del Banco Agrícola ubicadas en varias ciudades del país, incluyendo Nagua, Arenoso, Samaná, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís y San José de Ocoa. Estas sucursales han sido señaladas en las denuncias como los lugares donde se habrían facilitado los créditos a funcionarios y allegados de manera irregular.
Postura del subadministrador del Banco Agrícola, Juan Rosario
El subadministrador del Banco Agrícola Dominicano, Juan Rosario, fue invitado por un medio de comunicación para aclarar los rumores sobre los préstamos irregulares otorgados a funcionarios y allegados. Sin embargo, su intervención, en lugar de despejar las dudas, generó aún más incertidumbre.
«Debo decirles que el Banco Agrícola Dominicano, en términos generales y específicos, es una entidad respaldada por la Ley 6186 de Fomento al Desarrollo Agropecuario. Además, en el marco legal, debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Ley Monetaria y Financiera 183-02, las normativas de la Superintendencia de Bancos, y rendir informes a la Dirección General de Presupuesto, al Banco Central, a la Junta Monetaria y a la sociedad dominicana», afirmó Rosario.
Asimismo, aseguró que todas las actividades del banco se basan en dichas leyes, así como en la Ley 64-00, que regula el Medioambiente, y en la Ley 8-65, que crea el Ministerio de Agricultura.
«Todas las actividades del banco están amparadas en las leyes mencionadas, y el banco cuenta con un manual de políticas y normas de crédito basadas en riesgos. Además, la Ley 115-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo obliga al banco a cumplir con todas esas disposiciones», agregó.
El subadministrador también mencionó que el Banco Agrícola cuenta con 32 sucursales y 33 oficinas de negocios, dentro de las cuales se incluyen todas las que están relacionadas con el «apoyo a proyectos de desarrollo agropecuario», y aseguró que ninguno de los préstamos otorgados son ilegales.
No obstante, sus explicaciones no lograron esclarecer las irregularidades, ya que ninguno de los préstamos en cuestión tiene garantía prendaria, y las personas beneficiarias no están vinculadas a actividades agropecuarias ni poseen terrenos que justifiquen los créditos. Esto ha generado aún más sospechas sobre la transparencia y legalidad de los procesos de otorgamiento de préstamos por parte de la institución.
Ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Esta ley en su primer artículo tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de la Cámara de Cuentas, instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoría, armonizar las normas legales relativas al citado Sistema, identificar las instituciones responsables de aplicarlas y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.
La Superintendencia de Bancos ha señalado al Banco Agrícola por estar violando procedimientos establecidos, especialmente en relación con la concesión de préstamos. A pesar de estas advertencias, la institución continúa otorgando grandes montos de créditos a funcionarios, lo que ha generado preocupación y desconfianza en torno a la transparencia de sus prácticas.
Al ser cuestionado sobre este punto, el subadministrador puntualizó «y que bueno que la Superintendencia de Banco está haciendo su trabajo…»
Estas irregularidades en la gestión de los préstamos no solo contravienen las normativas del sector, sino que refuerzan las sospechas sobre posibles favorecimientos indebidos y la falta de controles internos adecuados.
Ley 6186-63 de fomento agrícola
En el artículo 1 la Ley menciona que el fomento agrícola es el proceso encaminado a usar los recursos de la agricultura de manera integral y acelerada, para obtener la óptima producción, a fin de mejorar el nivel de vida de todos los sectores de la población. El segundo inciso dice que «se entiende que la agricultura abarca cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y actividades afines».
Mientras que tambien destaca que “el Banco es un instrumento de la política agraria del Estado”.
Que se espera de las autoridades
A pesar de las denuncias y evidencias de favoritismo, falta de garantías y violación de normativas, las autoridades encargadas de la supervisión y control de estas prácticas no han actuado con la celeridad y contundencia necesarias para restaurar la confianza en el sistema.
Es urgente que el Ministerio Público, en particular la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), investigue a fondo estos casos y sancione a los responsables, tanto en el Banco Agrícola como en otras instituciones involucradas.
Solo con una respuesta firme y transparente de las autoridades será posible garantizar la integridad de las instituciones públicas y la correcta utilización de los recursos del Estado, en beneficio de la población dominicana. La ciudadanía espera medidas efectivas para erradicar la corrupción y asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera ética y responsable.