Un proyecto de ley actualmente pendiente de aprobación en el Senado de la República establecerá la obligatoriedad para todas las personas físicas e instituciones, tanto públicas como privadas, de proporcionar cualquier tipo de información a la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La Cámara de Diputados introdujo una modificación al punto 11 del proyecto, propuesta por el diputado oficialista Ramón Bueno, con el objetivo de garantizar que las informaciones entregadas protejan el derecho a la intimidad y el honor personal.
Este ajuste fue sugerido por Bueno luego de llegar a un acuerdo con otros partidos políticos que se oponían a la entrega indiscriminada de información a la nueva DNI.
Debido a la modificación realizada por los diputados en el mencionado artículo, el proyecto tuvo que regresar al Senado, donde fue aprobado durante esta semana.
La propuesta define a la DNI como «el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional» y estará bajo la dependencia directa del presidente de la República.