El Gobierno de Estados Unidos sancionó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, y los colocó en la en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), también conocida como Lista Clinton.
Las sanciones, que implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con empresas y ciudadanos de EE. UU., se justifican por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.
«Explosión» de Cocaína y Falta de Cooperación
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida se fundamenta en que, desde que Petro asumió el poder, «la producción de cocaína ha explotado» a la cifra más alta en décadas, inundando a Estados Unidos. El Departamento del Tesoro, citando la proliferación internacional de drogas ilícitas, señala que la administración Petro «ha tolerado el fortalecimiento de estructuras criminales» y «no ha cooperado adecuadamente» con agencias antidrogas.
Este movimiento ocurre pocos días después de que Trump anunciara la suspensión de pagos y subsidios a Colombia, en respuesta a acusaciones de Petro sobre una violación a la soberanía colombiana por parte de funcionarios estadounidenses.
Reacción del Gobierno colombiano
Desde Bogotá, la Presidencia de la República calificó la decisión como una «agresión política inaceptable», asegurando que no existen pruebas de vínculos ilícitos.
El presidente Petro reaccionó en la red social X (antes Twitter) con firmeza: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos… Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas.”
El ministro Benedetti, por su parte, afirmó que las sanciones son un acto de «represalia política» frente a la postura crítica del gobierno colombiano hacia ciertas políticas de drogas de EE. UU.
La inclusión de un presidente en ejercicio en la lista OFAC representa un hecho sin precedentes recientes en América Latina, y podría tener implicaciones diplomáticas graves entre Washington y Bogotá.