El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República. En su declaración, Surún Hernández menciona un presunto plan diseñado y financiado por el Grupo Punta Cana y José Ignacia Paliza que busca difamarlo.
El motivo de este supuesto plan de desprestigio estaría relacionado con las acciones legales emprendidas por Surún Hernández contra la Corporación Aeroportuaria del Este (Aeropuerto de Punta Cana) y sus ejecutivos principales. Estas acciones legales buscan esclarecer un fraude de evasión fiscal estimado en 500 millones de dólares en perjuicio del Estado dominicano, realizado a través de las sociedades Offshore Airports Management Services S.A. y Aviam LTD.
Según Surún Hernández, las mencionadas compañías se beneficiaron al ser declaradas «zonas francas especiales» y, por lo tanto, exentas del pago de impuestos. Esto resultó en la transferencia del 45% de los ingresos por tasas y operación de rampa del Aeropuerto de Punta Cana a estas compañías, lo que redujo significativamente la tasa imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta y permitió la evasión de más de quince mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.
El presidente del CARD ha señalado que este supuesto plan incluye el pago a abogados y organizaciones no gubernamentales (ONGs) para que presenten denuncias sin pruebas ni fundamentos contra él. Estas denuncias son ampliamente difundidas por gestiones de José Luis Ignacio Paliza y el empresario Frank Rainieri, quienes habrían destinado más de 400 mil dólares para financiar este esfuerzo.
En cuanto a las denuncias en su contra, Surún Hernández desmintió la acusación de mal uso de fondos del CARD para la compra de solares en Higüey y explicó que la empresa CVC ONE, INC. fue vendida en su totalidad al empresario Abraham Hazoury, quien posteriormente compró los terrenos en Higüey. Respecto a la supuesta mala administración de 300 millones de pesos a través de cursos y programas de formación, Surún Hernández aclaró que la Escuela Nacional del Abogado, una entidad autónoma, se encarga de la organización y autorización de dichos pagos.
El presidente del CARD enfatizó la pulcritud y fiscalización de su gestión, mencionando que la misma ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras de renombre y que todos los estados contables están disponibles en la página institucional del Colegio con total transparencia. Además, aclaró que los dos abogados que lo han denunciado, Gregory Castellanos y Mario Fulcar, han sido sancionados conjuntamente con Johny de la Rosa por acusaciones de sobornar a jueces. Un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial que incluye una grabación comprometedora.