El presidente Luis Abinader aclaró que la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que solicita a los empleados públicos presentar las facturas de luz y agua, no es obligatoria ni conlleva sanciones.
Según el mandatario, el objetivo de esta medida es ofrecer apoyo a los servidores con ingresos más bajos, mediante el programa Bonoluz, que subsidia el costo de servicios básicos. Abinader subrayó que la disposición debe ser voluntaria y que no puede tener consecuencias negativas para los empleados. En sus palabras, esta medida solo busca coordinar y dar un ejemplo en la administración pública, sin imponer obligaciones.
Sobre la circular 018031 del MAP
La disposición en cuestión se formalizó en la circular 018031 del MAP, emitida el 21 de octubre, que instruye a todos los entes y órganos del Estado a recopilar información sobre el cumplimiento del pago de servicios básicos de sus empleados a través de las direcciones de Recursos Humanos.
Esta circular apunta a actualizar las bases de datos del ministerio en relación con el pago de servicios como luz y agua y a identificar casos en los que los pagos no se estén realizando. Además, establece que los empleados públicos deberán confirmar si tienen contratos de estos servicios a su nombre y, de no ser así, deberán especificar a nombre de qué familiar están y si los pagos están al día. Recursos Humanos deberá completar esta confirmación en un plazo de 15 días laborables.
Diferentes reacciones
La medida ha generado reacciones en contra, con voces que la señalan como inconstitucional. Entre ellas se encuentra José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y responsable de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de dicho partido, quien describió la medida como un atentado contra la dignidad humana, argumentando que la misma presiona a los servidores públicos a reportar el cumplimiento de pagos básicos bajo el temor de posibles consecuencias laborales. Dantés Díaz calificó la medida del MAP como “una locura” por la presión innecesaria que genera entre los empleados públicos.
El exministro del MAP, Ramón Ventura Camejo, también criticó la resolución, señalando que es contraria a los principios de gestión humana y a las normativas de la administración pública.
Camejo advirtió que la disposición desconoce principios fundamentales de la Constitución, especialmente en lo que respecta al artículo 142, que regula el estatuto de la función pública. Desde su punto de vista, la disposición debería ser anulada, ya que va en contra de los principios de las relaciones laborales y del ordenamiento constitucional.
En resumen, aunque el gobierno de Abinader presenta la disposición como un apoyo voluntario, existen críticas fuertes que la consideran una violación a los derechos y a la dignidad de los servidores públicos.
