En la República Dominicana, miles de personas que viven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), enfrentan diariamente una dura realidad: la falta de diagnóstico temprano, el acceso limitado a terapias, la exclusión del sistema educativo y el escaso apoyo por parte del Estado.

A pesar de la existencia de leyes como la 5-13 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la implementación efectiva de estas normativas continúa siendo insuficiente, dejando a familias enteras sin los recursos necesarios para brindar a sus hijos una atención digna.

Una ley que no se cumple como debería

En una entrevista para 7 SEGUNDOS, los especialistas Anulfo Miranda y José Cabral concuerdan en que, aunque la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) es un hecho, se tuvo que luchar mucho para su aprobación, al igual que el reglamento, el cual se promulgó y aprobó en junio del año pasado.

«De una manera muy específica, la Ley 34-23, que es la que trata sobre el síndrome del trastorno en el espectro autista (TEA), crea lo que es una especie de identificación a dos tipos de trastorno que abarca de manera fundamental: aquellas personas que tienen un síndrome leve, que no afecta su capacidad de manejarse con la sociedad de manera directa y de una forma integral, y aquellos a quienes el síndrome sí les cohíbe o no les permite que tengan un rendimiento social aceptable, que puedan manifestar sus voluntades de una manera concreta y que sean independientes en cómo expresan esas voluntades y el vínculo que tienen con la sociedad», afirmó Cabral.

«Esta ley llama a que cada una de las instituciones públicas que participan en la integración y promoción de la misma creen un presupuesto alterno, dentro de su presupuesto, para ayudar al CONADIS, nos preguntamos de manera directa ¿han visto que se haya producido dicho presupuesto? ¿o que se haya hecho llegar al CONADIS la participación conjunta de estas instituciones que de 10 millones que le puedan dar de presupuesto den uno para atender personas con autismo?», cuestionó el abogado José Cabral.

Falta de coordinación institucional

El problema está en que, aunque la ley contempla una serie de factores y prerrogativas que parecen modernas, no van de la mano con la institucionalidad necesaria para llevar a cabo las condiciones y elementos que establece.

Un ejemplo de ello es que la ley involucra una serie de ministerios e instituciones públicas para que, de manera conjunta y en vínculo con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), encargado del desarrollo y tratamiento específico, se asegure el funcionamiento de la ley, se creen protocolos y se brinde ayuda a las personas con el síndrome.

Pero al llevar la ley a la práctica, se evidencian deficiencias, ya que muchas de las disposiciones no pueden materializarse por la falta de comunicación entre las instituciones y la ausencia de información para crear los protocolos que realmente ayuden a quienes lo necesitan.

Otro muro difícil de escalar

En el ámbito educativo, la situación no es más alentadora. Aunque existen normativas que promueven la inclusión, muchos centros escolares carecen de personal capacitado, programas de apoyo o infraestructuras adecuadas para atender a estudiantes con condiciones del espectro autista. Esto lleva a que muchos niños sean rechazados, ignorados o simplemente apartados del proceso de aprendizaje.

«Lo que no podemos es querer vender a la sociedad internacional que somos un país que responde a este tipo de necesidades creando las leyes necesarias para darle mejor calidad de vida a las personas que poseen ese síndrome, cuando las familias que tienen personas con esta condición sufren de manera lamentable lo que es la apatía y la falta de calidad de vida que el Estado dice que les va a proveer, pero que realmente no lo hace», aclaró Cabral.

Los expertos coinciden en la necesidad urgente de acciones concretas: mayor inversión en salud mental, educación inclusiva, capacitación profesional y campañas de concienciación para eliminar el estigma y promover una sociedad verdaderamente inclusiva.

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