La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión judicial que condena al Ministerio Público al pago de más de RD$7.5 millones a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción y sabotaje a la red semafórica del Intrant.
De acuerdo con el órgano acusador, la sentencia presenta «graves vicios procesales» y fue emitida por una jueza que, según sostiene la Pepca, ya no tenía competencia para conocer ese incidente, debido a que el expediente principal había sido remitido desde octubre de 2025 al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que posteriormente conoció la audiencia preliminar y ordenó la apertura a juicio.
La decisión fue dictada por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ordenó la liquidación de un astreinte (sanción económica por incumplimiento de una orden judicial), al concluir que el Ministerio Público no cumplió con la devolución de todos los bienes incautados al imputado durante la investigación.
Según la resolución, la Procuraduría había entregado la mayoría de los objetos retenidos, entre ellos varios teléfonos celulares, una camioneta Chevrolet Tahoe, relojes, una computadora portátil y otros bienes. Sin embargo, permanecía pendiente la devolución de un celular Samsung S3, modelo 2012, cuya falta de entrega dio lugar a la ejecución de la sanción económica impuesta previamente por el tribunal.
Durante el proceso, representantes del Ministerio Público explicaron que el dispositivo no había sido localizado debido al traslado apresurado de equipos y evidencias a otro almacén tras la evacuación de un edificio, e incluso manifestaron su disposición de pagar el valor comercial del teléfono, estimado en unos RD$3,000. No obstante, la jueza consideró que la institución no demostró de manera suficiente la imposibilidad de cumplir con la orden judicial y mantuvo la condena por más de RD$7.5 millones.
En respuesta, los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, afirmaron que la decisión desnaturaliza la figura del astreinte al convertir una medida coercitiva en una indemnización a favor de un procesado por corrupción. Asimismo, insistieron en que recurrirán el fallo para que sea revisado por una instancia superior.
Álvarez Carbuccia figura entre los diez acusados del caso Intrant, junto al exdirector de la institución Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez, quienes enfrentarán un juicio de fondo por presuntos delitos de corrupción administrativa, lavado de activos, delitos tecnológicos y sabotaje a la red semafórica.