La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó el traslado de la sede principal ubicada en el Centro de los Héroes, Edificio Gobierno de la Feria, Bloque D, Santo Domingo Distrito Nacional, hacia la avenida John F. Kennedy esquina Doctor Defilló, en el sector Los Prados, justamente en el antiguo edificio de Teleantillas.
El traslado de la DGP se ejecutó con un contrato de arrendamiento por más de 360 millones de pesos, a través de un proceso por “excepción” mediante la licitación PASAPORTES-CCC-PEPU-2025-0009 para contratación de arrendamiento de edificio para las oficinas administrativas de la institución.
La adjudicación, otorgada a la Inmobiliaria Reservas (Fondo de Inversiones Cerrado de Desarrollo Reservas I), fue realizada el pasado 8 de julio bajo la figura de “proveedor único”, lo que evitó una licitación abierta. Este tipo de contratación está permitida por la Ley de Compras y Contrataciones, pero solo bajo condiciones muy específicas, como cuando un bien o servicio solo puede ser ofrecido por un único proveedor. En este caso, la propiedad del edificio fue usada como justificación.
Costo millonario sin concurso público
El contrato asciende a 5,927,164.83 millones de dólares (360.7 millones de pesos) por un período de tres años. Esto implica un pago mensual superior a los 10 millones de pesos, sin contar mantenimiento, seguridad ni adecuaciones internas.
Aunque la Dirección de Pasaportes se amparó en el Reglamento 416-23 para justificar la diferencia entre el monto original y el adjudicado, lo cierto es que la suma excede en más de 215 mil dólares lo previsto inicialmente. ¿La razón? Se agregaron “nuevos equipos”, sin que se haya detallado públicamente cuáles ni por qué no fueron contemplados desde el principio.
Silencio institucional
El proceso se manejó con discreción. La DGP no ofreció información proactiva sobre esta mudanza ni sobre el contrato, probablemente como reacción a la controversia que enfrentó en 2024 cuando intentó mudarse al sector Naco. En ese momento, la presión vecinal forzó la cancelación del contrato, dejando pérdidas y afectaciones logísticas para la institución.
Mientras el Estado dominicano arrastra una deuda que supera los RD$4.2 billones, y múltiples sectores públicos reclaman mayor inversión (salud, educación, agua potable, seguridad), la DGP firmó un contrato que compromete recursos millonarios por tres años solo para alquiler.
Además, según la propia tasación oficial de la firma Incasa, Ingeniería Avanzada, S.R.L., en diciembre del 2024, el valor total del edificio es de RD$563.8 millones. Es decir, en apenas tres años, el Estado estaría pagando el 64 % por encima del valor total del inmueble, sin llegar a adquirirlo, aunque en la licitación explica que existe “opción a compra”, no se plantea en que momento sería la adquisición o si se hará efectiva.
¿Un contrato diseñado para beneficiar a un ente del mismo Estado?
La Inmobiliaria Reservas es parte del Grupo Reservas, que está vinculado al Banco de Reservas, una institución del Estado. Es decir, el Gobierno le está pagando alquiler a otra entidad del propio Gobierno. Pero esto no significa que ese dinero se use directamente para beneficiar a los ciudadanos, como mejorar servicios o bajar impuestos. Al contrario, lo que se hace es mover dinero entre instituciones públicas, manteniendo un gasto alto que aumenta la deuda del país sin que eso se traduzca en una mejor atención o infraestructura para la gente.
Una fuente vinculada al edificio que actualmente ocupa la sede de Pasaportes, a la cual 7 SEGUNDOS tuvo acceso, afirmó que, en los últimos meses, el flujo de personas ha disminuido considerablemente y que “todo está tranquilo”. Esta afirmación pone en duda la urgencia de una mudanza costosa, ya que no parece haber una sobrecarga operativa que justifique semejante inversión en este momento.
¿A quién beneficia esta decisión?
En un país con limitaciones presupuestarias, sectores sociales desatendidos y una deuda pública en constante crecimiento, este nivel de gasto para un edificio parece un despropósito financiero que atenta contra el uso racional de los fondos públicos.
Más allá de la legalidad del procedimiento, lo que se cuestiona es su legitimidad y prioridad. La ciudadanía merece instituciones modernas, sí, pero también necesita transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de fondos públicos.
Mientras miles de dominicanos esperan por una cita para su pasaporte, el Estado destina más de 10 millones de pesos al mes para rentar un edificio sin licitación abierta. En un país con tantas necesidades urgentes, esta decisión parece más un lujo innecesario que una inversión estratégica.