El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró que distintos sectores del país no aprovecharon el año otorgado antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal para presentar las observaciones y propuestas de modificación que entendían necesarias.
El legislador recordó que la Ley 74-25 estableció un período de vacatio legis, es decir, un plazo de un año entre su promulgación y su aplicación, precisamente para permitir que el texto pudiera ser revisado y ajustado antes de comenzar a regir.
En ese sentido, Pacheco sostuvo que tanto el Congreso Nacional como instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), concentraron su atención en otros asuntos y dejaron pasar el tiempo sin impulsar las modificaciones que hoy generan debate.
“Hay que reconocer que el país del cual es parte la Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia y, obviamente, el Congreso y todos los demás estamentos, se durmieron un poquito en los laureles atendiendo otros tantos temas que hay, con relación a la entrada en vigor del Código Penal, que se le dio ese año de la denominada vacatio legis, que es como se denomina el periodo de receso de la entrada en vigor del mismo”, dijo.
El presidente de la Cámara Baja señaló que, a medida que se acercó la fecha de entrada en vigencia del Código Penal, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre diversos artículos de la legislación, lo que motivó al Poder Ejecutivo a remitir un conjunto de propuestas de modificación al Congreso Nacional.
Pacheco indicó que actualmente la comisión bicameral trabaja en el análisis de esas observaciones con el objetivo de elaborar un informe que permita al pleno conocer las modificaciones planteadas antes de que la normativa entre en vigor.
Asimismo, insistió en que el tiempo para debatir y proponer cambios estuvo disponible durante todo un año, pero que muchos sectores no actuaron con la rapidez necesaria.
“Todo el mundo se durmió porque creyeron que la fecha no llegaba”, reiteró Pacheco.
Las declaraciones del legislador se producen en momentos en que el Congreso acelera el estudio de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo, luego de que diferentes organizaciones, juristas e instituciones expresaran preocupación por el contenido de algunos artículos del nuevo Código Penal.