Las personas involucradas en la «Operación Gavilán» enfrentan acusaciones de formar una red de crimen organizado que incluye fiscales, empleados administrativos del Ministerio Público, miembros de la Policía Nacional, empleados de Migración y empresas, por haber alterado o borrado más de 8 mil registros penales a cambio de recibir sobornos.
“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento antecedentes penales”, dio a conocer el escrito de solicitud para imposición de medida de coerción del MP.
El informe también revela que los implicados borraron antecedentes criminales relacionados con actividades como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos y otros delitos graves.
El cuadro criminal que llevaron a cabo los siguientes pasos: primero, solicitaban la eliminación de antecedentes; luego , realizaban una consulta para verificar la viabilidad; después, se acordaba un precio y se efectuaba el pago en efectivo o a través de transferencia; posteriormente, procedían a eliminar el antecedente; después, se hacía una consulta para verificar que el registro hubiera sido borrado; finalmente, se expedía un certificado de no antecedentes penales y, en algunos casos, se requería un soborno adicional para facilitar la salida del país.
“Se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y lo integraron a formar parte de la red criminal”, alega el documento.
Además, utilizaron a sus parejas, familiares y allegados para trasladar el dinero obtenido de los sobornos de manera discreta, evitando que se generaran sospechas y burlando así cualquier intento de ser perseguidos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados en la trama emplearon un esquema fraudulento durante varios años, pero fue en 2018 cuando lograron perfeccionarlo, aumentándolo de forma considerable mediante lo que denominaron «La Vuelta».
“Beneficiaron a criminales de carrera de alto perfil a quienes les prestaban un servicio permanente de borrado de registros penales, a ellos y a miembro de su estructura, a cambio de cantidades considerables de sobornos”, describe el documento.
Con ese dinero, adquirieron propiedades y servicios, además de llevar a cabo transferencias millonarias en las que alteraron los detalles para encubrir el carácter ilegal de las transacciones.