En 2022, el presidente Luis Abinader elaboró una Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex) con el objetivo de redactar una ley orgánica que sustituyera la Ley 6132. Sin embargo, tras tres años de trabajo y múltiples consultas, el proyecto terminó archivado en una comisión legislativa, sin que el Congreso ni el Poder Ejecutivo impulsaran su rescate.
La iniciativa, concebida para reforzar derechos fundamentales y modernizar el marco legal de la comunicación, fue depositada en el Senado en mayo de 2025, luego de que el mandatario presentara públicamente el borrador en su encuentro semanal con la prensa, «La Semanal». Pese a ello, la pieza nunca llegó al pleno y perimió en comisión.
El proyecto reconocía el acceso universal a internet como un derecho, reafirmaba la prohibición de la censura previa y proponía la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un organismo autónomo para proteger la libertad de expresión. También incluía regulaciones sobre plataformas digitales y redes sociales, lo que generó fuertes críticas de sectores que advertían riesgos de restricciones en el ámbito virtual.
Ante la controversia, el coordinador de la comisión, Namphi Rodríguez, sugirió retirar el capítulo sobre redes sociales para discutirlo en una ley aparte. Incluso el presidente Abinader se distanció del contenido, asegurando que «ni una coma» había sido redactada por él.
Finalmente, la propuesta se convirtió en otra reforma pendiente que el Congreso dejó morir sin aprobar ni rechazar formalmente, pese a haber sido concebida como respuesta a cuestionamientos sobre iniciativas consideradas «leyes mordaza».