La promulgación de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional marca el inicio de una serie de cambios fiscales y económicos que tendrán efectos tanto para las familias dominicanas como para el sector empresarial.
La legislación, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Luis Abinader, tiene como objetivo fortalecer la estabilidad económica, promover la inversión y dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar los desafíos derivados del contexto internacional.
Menos carga para microempresas
Entre las medidas más destacadas figura la eliminación de los anticipos para las microempresas, una disposición que busca aliviar la carga tributaria de miles de pequeños negocios y facilitar su crecimiento. Asimismo, las pequeñas empresas pasarán a realizar menos pagos de anticipos durante el año.
Cambios para grandes contribuyentes
La ley establece que, de manera temporal durante los períodos fiscales 2026, 2027 y 2028, las empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones deberán pagar una tasa de 30 % sobre su renta gravable. La medida forma parte de los mecanismos dirigidos a fortalecer la recaudación estatal.
Reducción de algunos impuestos
La normativa contempla la eliminación gradual de tributos considerados obsoletos, incluyendo impuestos vinculados a hipotecas, constitución de compañías y seguros de vida. También dispone la devolución del impuesto selectivo aplicado al alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.
Beneficios para propietarios de inmuebles
Otro de los cambios incluidos en la legislación es la reducción del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles para personas físicas, que pasa de un 25 % a un 10 %, con el propósito de incentivar las operaciones dentro del sector inmobiliario.
Mayor disciplina fiscal
El Gobierno sostiene que la ley busca fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario bajo criterios de equidad, progresividad y capacidad de pago. Además, procura preservar la estabilidad fiscal y económica para mantener la confianza en las instituciones y promover la generación de empleos.
Respuesta a la incertidumbre internacional
Según establece la propia normativa, las medidas fueron adoptadas en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre económica y financiera. En ese sentido, la ley indica que “resulta necesario adoptar medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica, a fin de robustecer la capacidad del Estado para responder de manera eficiente y oportuna a los cambios y desafíos del entorno económico nacional e internacional”.
Con la entrada en vigor de la Ley 30-26, ciudadanos, emprendedores y empresas comenzarán a adaptarse a un nuevo marco fiscal que combina incentivos económicos, simplificación tributaria y medidas orientadas a fortalecer las finanzas públicas del país.